El caso estremece no solo por su brutalidad, sino también por el bochorno institucional que lo rodea. Uno de los acusados de participar en el asesinato a sangre fría de José Felipe Reyes Ossa —empresario apodado como el “Rey de Meiggs”— fue liberado de manera irregular tras una presunta orden judicial falsificada. Hoy, múltiples organismos del Estado intentan revertir lo que ya se considera una fuga institucionalizada.
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El sospechoso, Osmar Ferrer, de nacionalidad venezolana, había sido formalizado y enviado a prisión preventiva por su rol en el crimen ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa. Pero en menos de 24 horas, Gendarmería recibió un documento que instruía su liberación inmediata, el cual habría sido emitido desde el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El problema: todo apunta a que fue una orden falsa, posiblemente producto de un hackeo al sistema judicial.
Desde el Ministerio Público, se investiga si este insólito episodio responde a una operación digital organizada para liberar al imputado, quien estaría vinculado —según antecedentes policiales— al crimen organizado transnacional y con nexos con el Tren de Aragua.
EL CRIMEN QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
El asesinato de Reyes Ossa, ocurrido a plena luz del día en la calle Quirihue, fue registrado por cámaras de seguridad. Se trató de una ejecución con sello narco: la víctima fue perseguida, reducida, amenazada y luego acribillada. A diferencia de otros delitos violentos, no hubo robo ni resistencia: Reyes aún tenía en su poder $300.000 en efectivo. La Fiscalía investiga el hecho como un sicariato por encargo.
El nombre de Reyes Ossa no era menor. Dueño de redes y poder dentro del eje comercial de Meiggs, su figura generaba respeto en ese ecosistema informal donde confluyen comerciantes, influencias políticas locales y actores ligados a economías paralelas. Su muerte, además, desnudó el avance del crimen organizado en zonas urbanas de alto tránsito comercial.
UNA JUSTICIA VULNERADA
El supuesto hackeo al tribunal capitalino y la entrega de una orden falsa que derivó en la excarcelación de Ferrer abre un flanco crítico para el Poder Judicial y Gendarmería. A esta hora, se busca al imputado como si hubiese escapado de un penal, pero la verdad es más inquietante: el sistema lo dejó salir por voluntad de un documento espurio.
Desde el Ejecutivo, fuentes señalan que ya se ha solicitado una revisión completa de los protocolos de validación de órdenes judiciales electrónicas. El episodio se da, además, en un contexto donde se intensifica el debate sobre la penetración del narcotráfico en instituciones públicas, incluidos municipios, fuerzas de orden y, ahora, eventualmente, el Poder Judicial.
