La Corte Federal de Australia negó la solicitud presentada por Adriana Rivas, exagente de la DINA y secretaria de Manuel “Mamo” Contreras, para interponer un nuevo recurso con el que intentaba evitar su extradición a Chile. Detenida desde 2019 en Sídney, enfrenta cargos como coautora en siete secuestros cometidos entre 1974 y 1977 contra militantes comunistas, incluyendo a Reinalda Pereira y Víctor Díaz.
El fallo rechaza la petición de Rivas de acceder a un informe legal confidencial, base del Ministerio de Finanzas australiano para autorizar su extradición. Su defensa argumentaba que se vulneraban garantías judiciales al mantenerlo parcialmente secreto, pero la corte desestimó esa tesis, señalando que las alegaciones eran “especulaciones sin fundamento”.
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CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Rivas es requerida por la justicia chilena en los casos denominados “Conferencia I”, “Conferencia II” y el episodio “Reinalda Pereira”, todos relacionados con la represión sistemática ejecutada por la DINA en los primeros años de la dictadura militar. Se le acusa de participar directamente en secuestros calificados, figura penal aplicable a las desapariciones forzadas.
Desde su arresto, ha presentado múltiples acciones legales para frenar el proceso, argumentando persecución política. Sin embargo, los tribunales australianos han sostenido que la solicitud de extradición cumple con los estándares legales internacionales y que no existe evidencia de que sus derechos estén siendo vulnerados.
EXTRADICIÓN
Apodada “la Chani”, Rivas se trasladó a Australia en 1978, donde vivió bajo perfil por décadas en el barrio de Bondi, Sídney. Trabajó como empleada doméstica y niñera. Su pasado como integrante del aparato represor chileno solo salió a la luz en años recientes. Tras investigaciones judiciales que reactivaron causas pendientes por violaciones a los derechos humanos.
Con este fallo, se despeja el camino para su extradición a Chile. La resolución se suma al rechazo anterior del juez Michael Lee en febrero, quien negó el acceso al mismo informe legal. Las autoridades australianas habían justificado su reserva invocando el “privilegio legal” y sólo entregaron versiones editadas.
