A su salida del Servicio de Impuestos Internos (SII), el exdirector Javier Etcheberry dejó algo más que su cargo: instaló un crudo diagnóstico sobre el avance del crimen organizado en Chile, revelando una institucionalidad desbordada por bandas armadas, comercio informal y mafias territorializadas.
Lea También: “No quería irme”: Etcheberry se sincera tras salida del SII
“En Chile el Estado ya no tiene el monopolio de la fuerza”, lanzó Etcheberry, aludiendo a zonas como Lo Valledor, el terminal pesquero y las inmediaciones de La Vega, donde —según afirmó— el crimen se mueve sin contrapeso. “Los funcionarios del SII no pueden ir, los reciben a balazos”, dijo, graficando una situación que él mismo define como una pérdida real de control territorial.
Su salida se da en medio de una controversia: por casi una década pagó menos contribuciones de lo que correspondía por una propiedad en Paine, situación que él reconoció pero que calificó como un “problema administrativo”. No obstante, eligió cerrar su gestión denunciando algo más profundo: una amenaza a la soberanía fiscal y operativa del Estado chileno.
Etcheberry no se quedó en diagnósticos vagos. Puso sobre la mesa hechos concretos: habló de mafias en zonas de alto comercio informal, pero también de tráfico de armas y evasión masiva en las rutas del país. “En Angostura un camión pasó sin control. Adentro había armas y un inhibidor de señal. Por suerte Carabineros lo interceptó”, relató. Y agregó que aunque el SII reinstaló el control obligatorio para los camiones, “solo el 60% obedece, el resto sigue de largo”.
HERRAMIENTAS LEGALES
El exministro también insistió en la necesidad de herramientas legales más robustas. Ya semanas antes había defendido la apertura del secreto bancario, apuntando directamente al flujo de efectivo en lugares como Meiggs. “No por ser democráticos vamos a ser ingenuos”, dijo entonces, y volvió a reiterarlo ahora: para combatir redes organizadas, el Estado necesita mayor poder coercitivo.
Con esta arremetida, Etcheberry deja al descubierto una doble fractura: por un lado, la erosión del control estatal en zonas claves; por otro, la incapacidad institucional de adaptarse a una delincuencia mucho más sofisticada, violenta y estructurada que en el pasado.
