El blindaje judicial que históricamente ha resguardado a las Fuerzas Armadas vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, por iniciativa de los diputados Marta González y Jaime Araya (bancada Independientes-PPD), quienes ingresaron un proyecto de ley que busca terminar con los privilegios procesales cuando se trate de delitos graves como tráfico de drogas, tráfico de armas o vínculos con organizaciones criminales.
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La propuesta es clara: todo funcionario de las FFAA, Carabineros, PDI o la DGAC que sea imputado por este tipo de delitos deberá responder ante la justicia ordinaria, y no en tribunales militares. Además, plantea una agravante legal que aumenta la pena cuando el autor del delito pertenezca a dichas instituciones.
EL PROYECTO
El trasfondo no es menor. El proyecto surge a raíz de varios episodios recientes —el más sonado, el de cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea detenidos con ketamina en un vuelo oficial—, que han evidenciado la fragilidad de los controles internos y la resistencia institucional a ceder información al Ministerio Público.
“La corrupción ya tocó la puerta de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”, sostuvo la diputada González. A su juicio, el narcotráfico ha comenzado a operar con patrones similares a los de países donde el crimen organizado logró infiltrar estructuras del Estado: primero las policías, luego el sistema judicial y, finalmente, el poder político.
“El siguiente paso de las bandas es cooptar a las instituciones. Eso ya lo hemos visto en otros países y no podemos permitir que se replique en Chile”, advirtió la parlamentaria. “Es inaceptable que entregar antecedentes quede a criterio de un comandante. El Ministerio Público debe tener autonomía total para investigar, sin obstrucciones ni pactos de silencio”.
FISCALES ESPECIALIZADOS
Por su parte, el diputado Jaime Araya —integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana— cuestionó el actuar de la justicia militar en casos como el de los exfuncionarios de la FACH. Según relató, hubo una ventana crítica de 10 días en que no se avanzó en la investigación: “Cuando se entregaron los teléfonos de los imputados, ya estaban completamente vacíos. Aquí hubo un encubrimiento, o como mínimo una negligencia funcional que favorece al narcotráfico”.
Araya subrayó que el Ministerio Público cuenta con fiscales especializados, equipos de inteligencia y herramientas legales que los tribunales castrenses no poseen. “No puede ser que una fiscalía de aviación retenga una causa clave mientras el crimen organizado sigue operando. Esto no es solo una discusión jurídica: es una batalla por el control del Estado de Derecho”, concluyó.
El proyecto marca un punto de inflexión. Ya no se trata solo de perseguir delitos, sino de proteger la integridad de las instituciones democráticas frente a un enemigo que no dispara al aire, sino que infiltra, corrompe y silencia.
