El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se presentó ante la Comisión investigadora de las pensiones de gracia por violaciones de Derechos Humanos durante el estallido social.
En ese contexto, Monsalve entregó las cifras y dijo que “durante el 2022 se entregaron 418 pensiones de gracia a personas que vieron vulnerado sus derechos en el marco del estallido social”.
Del total, 148 que fueron entregadas durante la administración del expresidente Sebastián Piñera y las restantes 270 durante el actual gobierno del presidente Boric.
Consultado por si existen beneficiarios con prontuario policial, la autoridad de Interior recalcó que sí, de los 418 aproximadamente 40 personas registran antecedentes penales.
En detalle, 17 recibieron el beneficio durante el anterior mandato de Piñera y 23 durante la presente administración. Aún así, Monsalve destacó que en ambos gobiernos “se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento”.
“Un reglamento que fue fijado a través de una resolución exenta el 4 de enero del año 2022 (…) en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”, explicó.
En la misma línea, Monsalve indicó que el monto de las pensiones de gracia que se entrega “en todos los casos (…) tiene en promedio un monto de 1.5 ingresos mínimos no-remuneracionales”, cerca de $400.000.
“Y respecto a los 40 personas que tienen antecedentes penales, en general, son antecedentes penales antiguos y por delitos menores”, dijo.
En la instancia, uno de los asistentes dijo que uno de los beneficiarios estaría prófugo de la justicia, pero aún no está confirmado.
Respecto a si eso puede ser una razón para suspender el beneficio, el subsecretario de Interior respondió que -según establece la Constitución- “es una facultad exclusiva del Presidente de la República”.
Agregando que “todos los Presidente de la República la han tenido y si el Presidente de la República, si lo estima pertinente, podría revocar el beneficio”.
