La Contraloría General de la República alertó sobre un posible patrón de uso indebido de licencias médicas entre funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y Policía de Investigaciones, tras detectar que 2.982 de ellos salieron del país mientras debían estar en reposo. La pesquisa, que abarca el periodo 2023-2024, identificó un total de 9.069 salidas al extranjero realizadas bajo licencia médica, lo que podría configurar una vulneración sistemática de la normativa vigente.
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FUNCIONARIOS CON DECENAS DE VIAJES DURANTE EL REPOSO
El hallazgo se desprende del decimocuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC) elaborado por el organismo fiscalizador, encabezado por Dorothy Pérez. Entre los casos detectados, destaca que algunos funcionarios realizaron hasta 35 viajes durante sus licencias, e incluso nueve de ellos superaron esa cifra, lo que refuerza la hipótesis de una conducta reiterada y no excepcional.
Del total de involucrados, el 35,9% corresponde a Carabineros, el 35,8% a Gendarmería, el 24,1% a las Fuerzas Armadas y el 4,2% a la Policía de Investigaciones. En cifras absolutas: 1.070 casos corresponden a Carabineros, 1.067 a Gendarmería, 487 al Ejército, 159 a la Fuerza Aérea, 125 a la PDI y 74 a la Armada. Las regiones con mayor concentración de casos son Arica y Parinacota (28,8%), Metropolitana (20,3%) y Magallanes (17,2%).
CONTRALORÍA REMITIRÁ CASOS A FISCALÍA Y AL CDE
Los meses con mayor número de movimientos coinciden con las temporadas de vacaciones: octubre-diciembre de 2023 y enero-marzo de 2024, lo que para la Contraloría refuerza la sospecha de que las licencias habrían sido utilizadas como pretexto para fines personales.
El organismo cruzó un universo de más de 534 mil licencias médicas y 202 mil registros migratorios, lo que permitió establecer la magnitud del fenómeno. Como medida, instruirá a las respectivas instituciones que inicien los sumarios administrativos correspondientes, además de remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Este nuevo informe se suma a otros consolidados que han revelado el uso irregular de licencias médicas por parte de miles de funcionarios públicos, confirmando lo que desde la Contraloría ya califican como una práctica extendida que requiere una respuesta institucional urgente.
