El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, respondió con firmeza a las sanciones impuestas en su contra por el Gobierno de Estados Unidos. La medida, enmarcada en la Ley Global Magnitsky y promovida por el presidente Donald Trump, busca castigarlo por liderar el proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, al que Washington ha calificado como una “persecución política”.
“Las acciones continuarán. El rito procesal del Supremo no será adelantado, ni retrasado”, declaró Moraes, dejando claro que las sanciones no alterarán el curso del juicio que instruye. Según explicó, continuará trabajando “como siempre, de manera colegiada”, ignorando la designación de su nombre en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que habitualmente incluye a figuras acusadas de crímenes graves como terrorismo o narcotráfico.
La sanción implica la congelación de activos en Estados Unidos, la prohibición de acceso a servicios financieros y la restricción de entrada a territorio estadounidense. Sin embargo, Moraes no posee cuentas en ese país ni ha intentado renovar su visado en los últimos dos años. En términos prácticos, el impacto es mínimo, pero políticamente, la señal ha encendido alarmas en Brasilia.
EL TRASFONDO POLÍTICO: BOLSONARO, TRUMP Y LA PRESIÓN INTERNACIONAL
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva interpretó la sanción como un ataque a la soberanía brasileña, en un contexto de creciente tensión bilateral. En paralelo, Estados Unidos anunció un arancel del 50% sobre productos brasileños, lo que ha sido leído como una represalia por el juicio que enfrenta Bolsonaro por su presunta participación en una trama golpista tras las elecciones de 2022.
“El Gobierno estadounidense no puede interferir en nuestra justicia”, sentenció Lula en un comunicado, solidarizándose con Moraes y acusando a actores brasileños de colaborar con presiones extranjeras. Entre ellos, destaca Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien desde marzo reside en EE.UU. y ha promovido activamente la aplicación de la Ley Magnitsky y los aranceles.
El propio juez identifica a Eduardo como el principal articulador de la ofensiva internacional en su contra. Tras el anuncio de Trump, el diputado celebró la medida como un “hito histórico” y una respuesta al “abuso de poder” en Brasil.
FIRMEZA JUDICIAL Y RECHAZO A LA INJERENCIA
Durante la apertura del nuevo semestre judicial, Moraes arremetió contra lo que calificó como intentos “cobardes y traicioneros” de someter a la Corte a presiones externas. “No es admisible usar la economía del país como chantaje para cerrar procesos penales. Aquí no hay espacio para milicias ni para amnistías inconstitucionales”, advirtió.
El juez también comparó estas maniobras con las prácticas de grupos paramilitares y cuestionó los proyectos de amnistía en discusión en el Congreso. A su juicio, representan una amenaza directa al Estado de derecho.
No es la primera vez que Moraes se enfrenta a figuras de alto poder. En 2024, lideró una dura disputa contra Elon Musk, a quien obligó a acatar la legislación brasileña en la red social X. Incluso ordenó la suspensión temporal de la plataforma hasta que se designara un representante legal en el país.
EL JUICIO CONTRA BOLSONARO SIGUE SU CURSO
Pese a las presiones, el proceso judicial contra Bolsonaro avanza. El juicio está programado para septiembre, mes simbólico para el bolsonarismo por coincidir con el Día de la Independencia. El STF ya comenzó a reforzar su seguridad para prevenir disturbios como los del 8 de enero de 2023.
Mientras tanto, aliados de Bolsonaro intensifican sus protestas. El diputado Helio Lopes instaló un campamento frente al tribunal con pancartas que acusan a Moraes de censura. En respuesta, el juez ordenó al gobernador del Distrito Federal que disolviera la manifestación.
Por otra parte, la Policía Federal evalúa medidas contra Eduardo Bolsonaro por coacción y obstrucción a la justicia. Su permiso para residir en Estados Unidos expiró el 20 de julio, y varias figuras del mundo académico y político han solicitado la revocación de su mandato parlamentario.
REACCIONES Y CONTEXTO INTERNACIONAL
Instituciones brasileñas como la Fiscalía General, el Supremo Tribunal Federal y numerosas figuras políticas expresaron respaldo a Moraes. Para César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, el paralelismo con las sanciones estadounidenses contra la Corte Penal Internacional es evidente: “En ambos casos, Trump busca impedir juicios a sus aliados y debilitar la justicia internacional”.
La figura de Alexandre de Moraes sigue polarizando a la sociedad brasileña. Mientras un sector lo ve como un garante de la democracia, el bolsonarismo lo acusa de autoritarismo. Pese a ello, el juez ha dejado en claro que no dará marcha atrás. Las amenazas extranjeras no modificarán el rumbo de la justicia brasileña.
🇺🇸🇧🇷#Internacional | EE.UU impuso sanciones a juez Alexandre De Moraes por presuntas violaciones en derechos humanos.
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— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) July 30, 2025
