El último informe de la Contraloría General de la República generó una ola de reacciones en el Congreso, luego de revelar que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos mientras estaban con licencias médicas entre 2023 y 2024. De ellos, 1.486 ya habían sido identificados en mayo por haber viajado al extranjero en circunstancias similares, lo que evidencia una reiteración del uso indebido del sistema.
Ante esta situación, parlamentarios de distintos sectores emplazaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a tomar medidas. El diputado Frank Sauerbaum (RN) pidió que el CDE presente denuncias ante la justicia y recurra a demandas civiles para recuperar los recursos mal utilizados. Además, exigió la realización de sumarios administrativos y la eventual destitución de quienes hayan abusado del sistema, especialmente en las áreas municipal y de salud, donde más se repiten estos casos. “Valoramos el trabajo de la Contraloría, que permite develar las malas prácticas que deben erradicarse del sector público”, afirmó.
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En tanto, el jefe de bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, calificó como positiva la labor fiscalizadora del ente contralor y sostuvo que “esto no puede quedar impune. Tenemos que terminar con este verdadero tráfico de licencias médicas truchas, que no solo afecta al sector público, sino también al privado”.
Desde la UDI, el diputado Henry Leal fue aún más tajante: “Esto ha pasado todos los límites. Le estamos pidiendo al fiscal nacional que designe fiscales exclusivos para perseguir, formalizar y condenar a estos sinvergüenzas”. También solicitó al CDE que recupere los fondos defraudados.
Por su parte, Jaime Sáez (Frente Amplio) acusó que “en el Estado hay un conjunto de frescos de raja que deben ser perseguidos y destituidos”. A su juicio, estos actos atentan contra la probidad y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones. “Chile no puede permitirse conductas que dañen el rol del servicio público. Hay que fortalecer el Estado, no socavarlo”, sentenció.
Licencias médicas para mejorar, no para ir al casino.
El último informe de Contraloría revela un uso indebido que pone en duda la responsabilidad de miles de funcionarios públicos.
Cuando se trata de recursos del Estado y confianza ciudadana, con la fe pública no se juega. pic.twitter.com/KbL46aHcxe— Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) August 5, 2025
