Internacional

Boluarte promulga ley de amnistía pese a rechazo CIDH

Editado de agencias y medios internacionales por Cristian Navarro H.

Periodista

Boluarte
Foto: Publicado en X por @presidenciaperu
Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte defendió la iniciativa como un reconocimiento “al sacrificio” de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa en la lucha contra el terrorismo.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó  una polémica ley de amnistía para militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), desoyendo el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a no implementar la norma.

La disposición, aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio, beneficiará a uniformados y civiles que no hayan recibido sentencia, y permitirá excarcelar a condenados mayores de 70 años. Organizaciones de derechos humanos estiman que la medida podría favorecer a unos 900 miembros de las fuerzas del orden, incluidos altos mandos militares.

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Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte defendió la iniciativa como un reconocimiento “al sacrificio” de las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa en la lucha contra el terrorismo. “Nadie puede insinuar que agentes del Estado o la sociedad peruana subviertan las leyes de la República. Exigimos respeto”, afirmó.

CRÍTICAS Y DENUNCIAS DE IMPUNIDAD

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de víctimas, denunció que la ley “blinda” a responsables de graves abusos y deja “sin justicia a miles de familias” que han esperado por más de cuatro décadas. Human Rights Watch también calificó la medida como “una traición a las víctimas”, según expresó su directora para las Américas, Juanita Goebertus.

El conflicto interno en Perú, que enfrentó a las fuerzas del Estado con las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA, dejó cerca de 70.000 muertos —la mayoría civiles— y unos 20.000 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación y datos de la fiscalía.

En agosto de 2024, el país ya había aprobado una ley que declaraba prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, conocida por activistas como “Ley de Impunidad”, que benefició al expresidente Alberto Fujimori y a unos 600 militares procesados.

 

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