El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) resolvió expulsar a 281 médicos extranjeros que fueron sancionados por emitir licencias médicas falsas.
Esto ocurrió tras recibir los antecedentes de parte de la superintendencia de Seguridad Social (Suseso) sobre profesionales foráneos que han sido sancionados por emitir permisos de salud sin fundamento médico.
La decisión incluye medidas como la revocación de permisos de residencia, el rechazo de solicitudes en trámite y la prohibición de reingreso al país.
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Según detalló La Tercera, se identificaron 281 médicos extranjeros que fueron penalizados por esa institución por emitir licencias falsas, con multas o suspensión del ejercicio.
A continuación el Sermig verificó la situación migratoria de cada uno de los profesionales y definió aplicar las sanciones correspondientes.
Aquellos médicos que tienen residencia temporal o definitiva, se les inició el proceso de revocación de sus permisos migratorios, lo que incluye orden de abandono del país. A los solicitantes de residencia, en tanto, se les rechazó la solicitud.
Por su parte, a los que estaban en situación irregular se les inició un proceso de expulsión. Además para los facultativos que ya estaban fuera de Chile, se les dictó prohibición de ingreso.
«COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL»
Según el director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, más de la mitad de los involucrados son de nacionalidad colombiana y recalcó que “las personas extranjeras que son un aporte al país son bienvenidas a permanecer, pero quienes incumplen la ley y vulneran las normas, como en este caso, deben ser objeto de sanciones”.
Especificó que “el Servicio Nacional de Migraciones tiene atribuciones para sancionar a los extranjeros que vulneren el marco normativo establecido y las está ejerciendo”, y aseguró que se continuará con esta metodología para detectar emisores fraudulentos de licencias.
El personero destacó la coordinación interinstitucional diciendo que “muestra que las instituciones del Estado, cuando se coordinan, exhiben resultados”.
PLAZOS
Cuando la expulsión es por órdenes de abandono, la persona en cuestión, una vez notificada, tendrá un plazo de aproximadamente 15 días para salir el país por sus propios medios. Quedará, además, con prohibición de ingreso al territorio nacional por al menos tres años.
Las expulsiones, por otro lado, son ejecutadas por la Policía de Investigaciones (PDI). La persona es notificada vía correo electrónico y si bien puede entregarse de manera voluntaria, generalmente es detenida y conducida a su país bajo custodia policial.
En ambos casos, los implicados pueden hacer sus descargos ante el Sermig. Y si lo estiman necesario, también pueden presentar acciones judiciales.
