Un aumento alarmante han mostrado en los últimos años los homicidios de menores, niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile. No se trata solo de la cantidad de muertes, sino también de la forma en que ocurren, lo que ha encendido las alertas de las autoridades.
Frente a esta realidad, se impulsó una instancia inédita: la Fuerza de Tarea para la «Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por organizaciones criminales».
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Durante 2024 se registraron 76 homicidios de menores, la cifra más alta desde que existen datos sistematizados. Esto significó un incremento del 15,2% en comparación con los 66 casos de 2023.
En 2018, en contraste, las muertes habían sido 37. Así, la tendencia ascendente se ha consolidado en los últimos años.
Los 76 homicidios representaron el 6,3% del total nacional en 2024, lo que refleja la vulnerabilidad particular de esta población ante la violencia criminal que se ha expandido en distintos territorios del país.
MUERTES LIGADAS AL CRIMEN ORGANIZADO
Al analizar los casos de 2024, se observa que 33 de los 76 homicidios (43,4%) ocurrieron en contextos relacionados con delitos o con la acción de grupos organizados.
De esas 33 muertes, seis correspondieron a ataques vinculados directamente con bandas en disputas territoriales; catorce a menores que participaban en la comisión de delitos, lo que muestra el fenómeno del reclutamiento; y trece a ataques de desconocidos sin provocación aparente, reflejando la extensión de la violencia territorial.
En los primeros siete meses de 2025, los datos preliminares indican una baja en la cantidad de víctimas NNA, tanto a nivel nacional como regional.
Sin embargo, el Observatorio de Homicidios sigue validando las cifras y recién las confirmará en el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados del primer semestre de 2025.
TAREA
Ante este escenario, el Gobierno puso en marcha el Consejo Nacional de Prevención del Delito y el Comité Interministerial de Prevención en Infancia.
De allí surgió la Fuerza de Tarea sobre Reclutamiento Temprano, un espacio de coordinación entre organismos públicos y privados con tres ejes: analizar las tendencias del reclutamiento criminal de menores, aplicar estrategias preventivas basadas en evidencia, e identificar a los grupos más vulnerables para protegerlos con medidas focalizadas.
La Fuerza de Tarea está integrada por la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Justicia, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Sename, la Subsecretaría de la Niñez, Fundación Paz Ciudadana, Carabineros, la PDI y Gendarmería.
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, resulta urgente actuar. «La evidencia disponible, aunque con limitaciones, es suficiente para actuar decisivamente. Los patrones identificados exigen respuestas innovadoras que trasciendan los enfoques tradicionales. Cada vida perdida representa un fracaso colectivo que nos interpela como sociedad. El éxito se medirá en vidas salvadas, trayectorias delictuales interrumpidas y familias que no tengan que sufrir por pérdidas irreparables. Ese es el compromiso irrenunciable del Estado y debe ser el compromiso de toda la sociedad chilena», señaló.
Respecto a la Fuerza de Tarea sobre Reclutamiento Temprano, Leitao destacó que implica un cambio en la manera de enfrentar el problema.
«No se trata solo de reaccionar ante los crímenes, sino de intervenir en las causas estructurales que permiten que el crimen organizado reclute y victimice a NNA. Esta estrategia reconoce que la prevención efectiva requiere trabajar simultáneamente en múltiples frentes: fortalecimiento familiar, mejoramiento de oportunidades educativas y laborales, recuperación de espacios públicos, y desarticulación de organizaciones criminales».
Finalmente, subrayó la relevancia del carácter colectivo de la instancia: «La composición multisectorial de la Fuerza de Tarea, que incluye desde servicios especializados en infancia hasta centros académicos y organizaciones de la sociedad civil, refleja un entendimiento de que este problema no puede ser resuelto por una sola institución o sector. Se requiere una alianza social amplia, donde cada actor aporta desde su expertise específico».
