El martes 19 de agosto, el abogado Pablo Urquízar, actual coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, expuso ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados los resultados del informe titulado «Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur 2022-2025».
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Con trayectoria como exjefe de gabinete en el Ministerio de Defensa y excoordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur, Urquízar presentó un balance de los efectos de la medida en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío, analizando también su impacto en toda la zona.
ESTUDIO SOBRE LA MACROZONA SUR
El estudio considera 1.082 días bajo este régimen, y recuerda que el próximo jueves el Congreso votará la prórroga número 60, en línea con lo que ha sido la práctica de los últimos años.
«Llevamos más de tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur. Es el Estado de Emergencia más extenso desde el retorno a la democracia», señaló Urquízar.
Según explicó, desde el 17 de mayo de 2022, solo en 76 días se aplicaron restricciones a derechos fundamentales, principalmente después del asesinato de tres carabineros ocurrido el 27 de abril de 2024 en el llamado «triángulo de la violencia», que comprende Cañete, Contulmo y Tirúa.
MODALIDAD
El abogado describió la actual modalidad como un estado de excepción «sui generis», ya que su propósito principal ha sido reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate contra la violencia y el terrorismo, más que restringir libertades generales.
El informe evidencia que, comparado con los 1.082 días previos, los hechos violentos bajaron en un 37%. Asimismo, distingue tres modalidades de aplicación: acotado, semiacotado y pleno.
«El primer estado de emergencia acotado produjo 3,3 hechos de violencia por día; el semiacotado 3,18; y el estado pleno baja sustantivamente a 1,78 hechos de violencia diarios. Es decir, a mayor presencia del Estado, mayor es la reducción de la violencia», detalló.
A nivel regional, el análisis muestra que en La Araucanía la violencia disminuyó un 33,5%, mientras que en Biobío y Los Ríos la baja superó el 40%, reflejando un efecto desigual según el territorio.
PROVINCIAS Y COMUNAS AFECTADAS
De las diez provincias analizadas, Malleco sigue siendo la más compleja por la actividad de grupos radicalizados. En cuanto a las 67 comunas incluidas en el informe, solo cinco acumulan más del 50% de los episodios violentos, destacando Collipulli y Ercilla, responsables de una cuarta parte del total.
«Si uno quisiera establecer dónde hay que concentrar los esfuerzos del Estado, sin lugar a duda es la provincia de Malleco», afirmó Urquízar.
El documento además muestra mejoras en materia de seguridad y derechos de la población: las muertes por violencia cayeron un 58%, los heridos disminuyeron en un 50% y las usurpaciones reguladas por la Ley 21.133 bajaron un 62%. También se reportó una reducción del 35% en destrucción de vehículos y del 47,3% en daños a inmuebles e infraestructura, incluidas escuelas e iglesias.
«Estamos hablando de derechos y libertades fundamentales resguardados por el Estado, que es su primer deber», subrayó Urquízar.
ORGANIZACIONES RADICALIZADAS
En relación con las organizaciones violentas que operan en la zona, el informe identifica nueve. Ocho de ellas redujeron sus acciones, entre ellas la Resistencia Mapuche-Lafkentche (-69%), la Coordinadora Arauco Malleco (-16%) y la Weichan Auka Mapu (-38%).
No obstante, la Resistencia Mapuche Malleco incrementó sus ataques en un 179%, configurándose como un «Santuario terrorista» con control en Victoria, Collipulli y Ercilla, además de vínculos con redes criminales.
«Es el único lugar en Chile donde no se ha podido materializar el censo y donde la principal autoridad de seguridad fue atentada», recordó Urquízar, refiriéndose al ataque sufrido por la ministra Izkia Siches en marzo de 2022.
El informe también advierte sobre la entrada de organizaciones de crimen transnacional como el Tren de Aragua o el cartel Jalisco Nueva Generación, lo que podría intensificar el escenario de violencia en la zona.
DESAFÍOS DE LA MACROZONA SUR
Urquízar planteó cinco ejes que deberían guiar la política en la Macrozona Sur. Primero, la necesidad de una estrategia integral, que incluya la presencia real del Estado en las zonas más vulnerables. Segundo, evitar que la excepcionalidad se vuelva rutina, ya que la ciudadanía merece vivir en normalidad.
En tercer lugar, señaló la importancia de definir un plan que permita reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Como cuarto desafío, destacó la coordinación interinstitucional entre FF.AA., policías, Ministerio Público y Gendarmería, un esfuerzo que ha dado resultados, pero que aún requiere consolidación.
Finalmente, llamó a robustecer la inteligencia estatal: «No hay ningún país en el mundo que haya desarticulado el terrorismo sin inteligencia. Sin ella, las Fuerzas Armadas y las policías operan a ciegas», concluyó Urquízar.
