A un año y cuatro meses del fallecimiento del conscripto del Ejército Franco Vargas (19), ocurrido durante una marcha en Putre, la causa judicial aún no llega a la etapa de formalización.
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Aunque en abril de este año el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, tenía en la mira a cuatro uniformados como eventuales responsables, el proceso se ha visto retrasado por la realización de nuevas diligencias.
INTERROGATORIO
Hace pocas semanas, el persecutor viajó a Santiago para interrogar a cuatro generales de la institución castrense.
La postergación de la formalización, que inicialmente se esperaba en abril, coincidió con las múltiples solicitudes presentadas por Claudio Guajardo, exgeneral dado de baja y entonces comandante del batallón al que pertenecía Vargas.
El abogado Humberto Palamara Iribane representa a Guajardo y ha impulsado diversas acciones para liberarlo de responsabilidad, trasladando el foco hacia la alta jerarquía militar y cuestionando la falta de protocolos médicos que, según él, pudieron haber cambiado el desenlace.
En febrero, Palamara interpuso una querella por cuasidelito de homicidio contra quienes resultaran responsables. No obstante, en las últimas semanas amplió la acción penal, la cual fue aceptada por el Juzgado de Garantía de Arica. Ahora el escrito incluye a nueve querellados, entre ellos el propio comandante en jefe del Ejército y dos parlamentarios.
QUERELLA
La acción judicial relata los hechos ocurridos el 27 de abril de 2024 y acusa a los generales Pedro Varela Sabando, Rubén Castillo Herrera (r), Guillermo Altamirano Campos y Enrique del Fierro Lucar; además del teniente Marco Agosín Cabrera, el coronel Christian Barros Cruzat, el comandante en jefe Javier Iturriaga del Campo y los diputados Luis Malla (Partido Liberal) y Cristián Araya (Republicano).
«Las siete primeras personas denunciadas tendrían participación en los hechos, ya sea en calidad de autores por omisión o en calidad de encubridores de las personas que por omisión provocaron la muerte del conscripto Vargas y/o de los hechos que provocaron su muerte, porque, probablemente, no se habría producido si al contingente de conscriptos se les hubiesen efectuado los exámenes de hipobaria (para trabajar en altura), antes de ser trasladados a Pacollo», sostiene el escrito.
En esa línea, se acusa a Iturriaga de «Encubrir a los responsables» durante su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el 1 de julio de 2024, donde afirmó: «Derechamente, la vacunación no era parte de estos protocolos (refiriéndose a los protocolos sanitarios del Ejército), ni tampoco los exámenes de hipobaria para altura. No eran exámenes exigibles para nuestros soldados». El abogado, sin embargo, asegura que aquello es falso, pues dichos protocolos ya estaban definidos.
En tanto, al coronel Barros se le atribuye haber dirigido una investigación sumaria «Estando legalmente inhabilitado para encubrir responsabilidades en la muerte de Franco Vargas».
PARLAMENTARIOS EN LA MIRA
La acción judicial también apunta a los diputados Malla y Araya, quienes en una visita fiscalizadora a Pacollo habrían participado en prácticas con armamento de guerra, situación que —según la querella— constituye un delito, ya que la ley militar prohíbe a civiles manipular este tipo de material.
Por ello, Palamara solicita que los legisladores comparezcan a declarar para «Responder por qué estuvieron en Pacollo el 31 de agosto de 2024, quién les pasó las armas y la munición que dispararon, qué tipo de armas dispararon y cuánta munición consumieron».
Al respecto, Malla rechazó las acusaciones: «Me tiene muy tranquilo que uno de los imputados por su presunta responsabilidad en la muerte del conscripto Vargas se querelle en mi contra. Acciones como estas no me amedrentan, por el contrario, me da más fuerza para luchar en contra de quienes abusan de su poder, de quienes tienen el descriterio en el mando y de aquellos que intentan ocultar su responsabilidad negligente que, en este caso, dejó a una madre sin su hijo». Araya, en cambio, optó por no referirse al tema.
CRÍTICAS DE LA FAMILIA
Romy Vargas, madre de Franco Vargas , cuestionó con dureza que Guajardo actúe como querellante y no como imputado: «Él sabe lo que hizo, sabe su inoperancia, su falta de humanidad y el delito que cometió».
Y agregó: «Que se quiera lavar las manos con cualquier otra persona me parece insólito. Él participó en la muerte de mi hijo al comportarse de mala forma, permitiendo hacer a los demás lo que quisieran. Que se ponga los pantalones si es tan hombre y tan exmilitar».
Para la madre, la investigación sigue en curso sin retrasos indebidos y el fiscal Carrera continúa reuniendo “más pruebas” con el fin de establecer con claridad quiénes son los responsables de la muerte de su hijo.
