El violento desenlace en el Estadio Libertadores de América (Avellaneda), que obligó a cancelar el partido entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana, sigue entregando nuevos antecedentes. Con el correr de las horas, medios y especialistas en Argentina han expuesto graves falencias en el operativo dispuesto para el encuentro.
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Según cifras oficiales, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) coordinó un despliegue que incluyó 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada y 330 trabajadores de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Además, se dispusieron siete ambulancias y una comisaría móvil en el recinto. Sin embargo, el foco del problema estuvo en la protección directa hacia la parcialidad visitante.
De acuerdo con el diario La Nación, las fallas de seguridad fueron evidentes: solo siete guardias privados resguardaron a los 3.500 hinchas azules que viajaron a Avellaneda. A esto se sumó la ausencia de “pulmones” de separación entre ambas hinchadas, un mecanismo habitual para evitar contacto directo. “La falta de personal y de medidas de contención generó un ambiente tenso que derivó en el desmadre”, señalaron expertos consultados por el medio.
El sitio Doble Amarilla reveló otro dato inquietante: en la reunión previa al partido se había advertido la conveniencia de no ubicar público en la tribuna inferior contigua a la barra visitante. Pese a la recomendación, se informó que esa localidad ya estaba vendida y se optó por reforzar con policía y seguridad privada. La medida resultó insuficiente y la violencia escaló tras la agresión sostenida durante todo el primer tiempo, tal como confirmaron testigos.
El resultado: enfrentamientos, heridos y la cancelación de un partido que la U ganaba en el global. Ahora, la Conmebol investiga responsabilidades, mientras el operativo de Independiente queda bajo fuerte cuestionamiento por sus falencias estructurales.
