El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, pidió suspender la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile programada en Santa Laura, señalando que el recinto no está preparado para garantizar la seguridad.
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Tras el anuncio de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para el 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, expresó su preocupación por los riesgos de seguridad en el recinto y sus alrededores. Las declaraciones del edil llegan en un contexto delicado, horas después de los graves incidentes en el partido entre la U e Independiente en Argentina.
“Si ocurren hechos de violencia, los responsables serán la ANFP y el Gobierno… Como alcalde de esta comuna solicito al Gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron”, indicó Iglesias. Según el alcalde, la complejidad de este tipo de partidos hace que no existan condiciones óptimas para su realización.
¿POR QUÉ EL SANTA LAURA NO?
Iglesias señaló que el Santa Laura no está capacitado para recibir un encuentro de esta magnitud. “Se trata de una final con público de ambos clubes en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, advirtió. La preocupación también recae en la logística del sector, dado que la zona cuenta con una única salida de metro y se instalan ferias libres el mismo día, factores que podrían complicar la evacuación y el control del público.
El alcalde enfatizó que la falta de infraestructura y personal de seguridad adecuados, sumado al antecedente reciente de violencia en estadios chilenos y extranjeros, justifican su petición de suspender la Supercopa. “Frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el Gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad”, complementó.
La solicitud de Iglesias abre un debate sobre la viabilidad de realizar encuentros de alto riesgo en recintos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, y pone presión sobre la ANFP y el Ministerio del Interior para tomar decisiones responsables antes del evento.
