Sigue sin acuerdo salida a Megatoma de San Antonio a menos de una semana del desalojo. Sin perjuicio de ello, sigue el diálogo entre gobierno y dueños del terreno.
La dificultad radica en el financiamiento de las cooperativas habitacionales, para regularizar la situación de los habitantes. Ello a solo unos días de venza el plazo para intentar fijar un principio de acuerdo en las negociaciones.
Se trata de más de 250 hectáreas ubicadas en el Cerro Centinela, las que albergan a más de 11 mil personas. Su erradicación ya ha sido pospuesta desde febrero y por un período de máximo 6 meses. La excusa fue tener tiempo para la tasación del terreno.
Como se recordará la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso), se encuentra con orden ejecutoriada de la justicia, para ser desalojada del lugar el miércoles 27 de agosto.
No hay quien financie o avale
El Ministerio de Vivienda (Minvu) propulsó la formación de cooperativas habitacionales para los afectados. Ello, a fin de que accedan a la propiedad mediante créditos y pagos en cuotas.
«La aprehensión nuestra es que el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo entre las partes para resolver la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela, y todavía no vemos que se haya concretado», señaló el alcalde de la comuna, Omar Vera.
Los propietarios habrían cuestionado la ausencia de un documento formal de que el financiamiento para las cooperativas provendrá del Banco Estado. Se trata de una condición que consideran indispensable y que ha trabado las conversaciones.
Un nudo complicado
En contraste, el Minvu ha sostenido conversaciones con la entidad financiera para confirmar su rol en el proceso de adquisición. Asimismo, la cartera también aseguró a otra institución financiera más que serviría como garante en el proceso.
No obstante, presuntamente tampoco existe un aval en caso de que las cooperativas incumplan con el pago.
Si se cumple el plazo sin una solución -o eventualmente una nueva postergación pactada-, los dueños podrían demandar el cumplimiento del desalojo, Lo que provocaría un serio problema social y policial.
Como se sabe, el desalojo se ha aplazado varias veces. En ello el gobierno, ha intervenido en la mediación y solución del conflicto.
