Durante 2024 y hasta junio de este año, Chile recibió a 45 miembros de las fuerzas armadas y cuerpos policiales provenientes de Venezuela, Colombia y República Dominicana.
La información se encuentra en una “alerta de monitoreo” elaborada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte (UCE), organismo que integra la PDI, Carabineros, Directemar, Gendarmería y Aduanas.
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Según el documento, la mayoría “serían desertores de las instituciones que componen las Fuerzas Armadas y Policiales Bolivarianas”.
Del total, 37 son venezolanos, siete colombianos y uno dominicano.
LOS DESERTORES EN CHILE
Entre los mencionados, solo uno solicitó asilo político: perteneció —según indica la alerta— a la guardia presidencial bolivariana.
Se trata de Jesús Álvarez López, quien además es pareja de Daniela Aponte, también exmilitar. Por su parte, Frank Ramos Figueroa, del mismo país, estuvo vinculado a la Dirección contra la Delincuencia Organizada.
A ellos se suman los oficiales Brayan Escalona Velandia y Jessica Castellano Carrillo, quienes formaron parte de la División Estratégica de la policía venezolana.
Eduardo Villegas Ramos fue el único venezolano que, aunque señaló pertenecer a las fuerzas armadas, no presentó documentación que lo acreditara.
El único dominicano en la lista, José Torres Ascencio, prestó servicio en la fuerza aérea de su país.
VIDA NORMAL O CRIMEN ORGANIZADO
El informe indica que todos los mencionados “buscan en otro país continuar una vida normal o formar parte de nuevos grupos u organizaciones criminales”.
“De igual manera, resulta importante mantener registro de estas personas, toda vez que este mantiene conocimiento de armas, como asimismo un entrenamiento militar asociado, pudiendo encontrarse en algún momento asociados a algún hecho delictual violento en Chile”, señala la UCE.
El análisis, que también se comparte con el Ministerio de Seguridad y los servicios de inteligencia, advierte que estos exuniformados deben ser supervisados en el marco de “la lucha contra el crimen organizado”.
El objetivo es “generar líneas de acción operativas o preventivas, según propia apreciación, y mantener los antecedentes en conocimiento de las policías”.
El informe resalta la preocupación por el conocimiento de los sujetos —quienes ingresaron de manera ilegal— en el manejo de armas, explosivos y técnicas de compartimentaje utilizadas en operaciones criminales, incluyendo secuestros.
LAS HUELLAS DE «EL TURCO»
Fuentes de la UCEN indicaron a Informe Especial que existe una relación entre el aumento de militares y policías venezolanos y el crecimiento de la criminalidad organizada vinculada al Tren de Aragua y sus filiales en Chile.
Por ejemplo, a fines de 2023 fue detenido Ansoni Morales Juárez, exmiembro de un grupo de élite de la Guardia Nacional de Venezuela.
Morales Juárez trabajaba en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y cometió delitos en distintas ciudades chilenas.
Las investigaciones establecieron que el autor intelectual de esta organización criminal era Adrian Gamez Espinol, alias «El Turco», actualmente detenido en Estados Unidos y enfrentando extradición por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
