El dictamen de la Superintendencia de Educación que prohíbe a los colegios negar matrícula a estudiantes con deudas abrió un nuevo frente de debate político y jurídico. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la medida que busca asegurar la continuidad escolar, mientras parlamentarios de la UDI la cuestionaron y anunciaron que recurrirán a la Contraloría para impugnarla.
El secretario de Estado afirmó que la resolución no afectará las finanzas de los establecimientos, porque las instituciones cuentan con mecanismos legales para recuperar las deudas. Cataldo subrayó que “ningún niño debe ser privado de su derecho a la educación por la situación económica de su familia” y enfatizó que la disposición protege a los estudiantes sin desincentivar la gestión financiera de los colegios.
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Sin embargo, los diputados gremialistas Gustavo Benavente y Sergio Bobadilla plantearon reparos de fondo. A su juicio, la Superintendencia estaría excediendo sus atribuciones al modificar las condiciones de funcionamiento de los colegios sin una norma expresa que lo habilite. Advirtieron, además, que la medida puede incentivar la morosidad y generar incertidumbre económica en las comunidades educativas, especialmente en los establecimientos particulares subvencionados que dependen en gran parte del copago de los apoderados.
La controversia no solo refleja diferencias sobre el modelo de financiamiento, sino también sobre la interpretación de la normativa vigente. Mientras el Gobierno pone el acento en el derecho a la educación, la oposición alerta sobre un eventual debilitamiento de la gestión de los colegios y la autonomía contractual.
Con el anuncio de la UDI de acudir a la Contraloría, el debate salta ahora del aula a los tribunales administrativos, abriendo un nuevo capítulo en la tensión entre resguardo de derechos sociales y sostenibilidad económica en el sistema educativo.
🎙️#PrensaEG @__elmercurio destaca la controversia por el dictamen que obliga a renovar la matrícula incluso con deudas en colegios subvencionados.
El prof Harald Beyer advierte: “Sin ese financiamiento se lesiona el proyecto educativo y se atenta contra la libertad de enseñanza” pic.twitter.com/ClneUF2OuA— Escuela de Gobierno UC (@GobiernoUC) August 28, 2025
