«Se ha puesto en entredicho, y además en peligro, una investigación muy importante, que no ha sido fácil, es una investigación compleja atacando el crimen organizado», aseveró la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Maritza González, respecto de la autorización de la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública por parte del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza.
Esa autorización -que después fue revocada- permitió que se revelara la identidad de 56 testigos protegidos a los abogados defensores de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
González dijo a Meganoticias que «como asociación de fiscales (…) pensamos que ha sido resolución muy lamentable y muy cuestionable».
Recalcó que «el fiscal regional, Mario Carrera, ha hecho un tremendo trabajo junto con los fiscales de esta investigación, quienes han tenido que cumplir un trabajo que conlleva peligro para sus propias vidas y para sus familias».
«Esta decisión ataca principalmente a lo que es poder cumplir con nuestra misión, que es llevar una investigación de carácter objetiva, de que esta investigación puede llegar a buen puerto», agregó.
Además, precisó que se ha puesto gran cantidad de recursos en Arica debido a que «el tren de Aragua viene desde el norte, de Centroamérica, y va bajando. Lo que nosotros queremos evitar es que esto siga, pero que 56 testigos tuvieran que ser reubicados me parece grave y, obviamente, la resolución del juez es completamente cuestionable».
González aseguró que así las cosas «cualquier persona que desee colaborar (en una investigación) se va a cuestionar el hecho de dar información porque va a tener un problema en su vida cotidiana, y eso no puede ser».
