La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se reunió este martes por la mañana para comenzar la revisión general de la reforma constitucional en segundo trámite, que busca modificar la estructura del gobierno judicial y establecer el Consejo de Nombramientos de jueces.
La iniciativa, presentada en octubre de 2024, surgió como respuesta a la crisis derivada del caso Audio y otras investigaciones a magistrados que provocaron la renuncia de dos ministros de la Corte Suprema: Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
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En la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, subrayó que la propuesta pretende fortalecer la transparencia y la confianza en los procesos de designación.
ESTUDIOS
“Tanto el año pasado como este se han entregado distintos estudios en los que lamentablemente la confianza ciudadana con el Poder Judicial y el sistema de justicia está en los índices más bajos desde que se ha medido esto que es a comienzos de los noventas, lo que obviamente nos tiene que preocupar ya que el Poder Judicial y el sistema de justicia son pilares de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia”, señaló.
El proyecto contempla la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, definido como un órgano autónomo constitucional encargado de elaborar ternas jerarquizadas mediante concursos técnicos y profesionales, priorizando el mérito y la oposición efectiva entre postulantes.
OBJETIVO DEL NOMBRAMIENTO DE JUECES
“El objetivo de este consejo de nombramiento es precisamente realizar ternas jerarquizadas, es decir, ternas que tengan un orden de prelación en razón de los puntajes que obtuvieron los candidatos, los candidatos que se presentaron a los concursos respectivos”, explicó el ministro.
Respecto a los fundamentos de la reforma, Gajardo recalcó que esta “busca solo enfocarse en los aspectos de nombramiento y gobierno judicial”.
“La reforma que se presenta es una reforma que no busca alterar ni el sistema de gobierno ni las atribuciones de los órganos ni por cierto que tenga impactos cruzados en otros aspectos de la Constitución”, agregó, precisando que se trata de “una reforma, en ese sentido, minimalista”.
PROPUESTA
El secretario de Estado detalló que la propuesta apunta a dividir las funciones administrativas y jurisdiccionales que hoy recaen en la Corte Suprema en dos entidades autónomas, además de asegurar que los nombramientos de jueces siempre se realicen a través de concursos y procesos competitivos.
“Hoy no existe un mecanismo que permita evaluar precisamente el mérito y las capacidades de cada candidato. Y fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial, regulando la gestión de los conflictos de interés y reduciendo la opacidad y los riesgos de corrupción”, expresó.
Para ejemplificar, Gajardo hizo referencia a la reforma judicial promovida en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Siempre hay sistemas distintos. Sobre todo lo vemos en razón de lo que está pasando en México con una reforma que se aprobó al sistema judicial, pero podríamos decir eso está precisamente en los extremos a los que no queremos ir. Pero hay un consenso de que cualquier modificación, o mejor dicho, cualquier sistema de nombramientos y de gobierno judicial tiene que escapar de dos polos. Tiene que escapar de la politización extrema y tiene que escapar del corporativismo», concluyó.
