A más de un mes de su presentación, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) finalmente aceptó a trámite la solicitud de destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, presentada por consejeros regionales de oposición.
El recurso, ingresado el 25 de julio, acusaba que la autoridad habría incurrido en un «notable abandono de deberes» y en una «contravención al principio de probidad administrativa».
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La petición surge a raíz de un informe de Contraloría que revisó los gastos de los gobiernos regionales del país, señalando que recursos del Gobierno de Santiago habrían sido utilizados en la campaña para la reelección de Orrego.
OPOSICIÓN
Por esta razón, consejeros regionales de oposición, entre ellos Álvaro Bellolio (UDI), llevaron el caso al Tricel para que se determine si Orrego debe abandonar su cargo.
El avance del proceso se vio obstaculizado inicialmente, ya que los abogados de Orrego, Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentaron un recurso de reposición para anular la solicitud opositora. Esto se debió a que los profesionales no contaban con la personería para representar a los consejeros, además de errores en la identificación de estos.
No obstante, en las últimas horas, el Tricel aceptó las ratificaciones efectuadas y admitió el recurso. Hubo un voto disidente, perteneciente al ministro Gabriel Ascensio, excongresista de la Democracia Cristiana, partido en el que Orrego militó por décadas.
LOS GASTOS CUESTIONADOS
Contraloría objetó cuatro gastos efectuados por el Gobierno de Santiago. El primero corresponde a actividades de «coaching ontológico» contratadas por más de $31 millones, vinculadas a contextos políticos y campañas electorales.
También se reportó la adquisición de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones mediante trato directo, sin documentación que acredite el cumplimiento de los contratos.
Asimismo, se contrató a una empresa consultora por $46 millones, sin que existan antecedentes que respalden la ejecución de los servicios. Por último, se cuestionó un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue debidamente comprobada ante el organismo fiscalizador.
Estos gastos son parte de una investigación de la Fiscalía Oriente, que tomó declaración a Orrego y retiró diversos equipos computacionales del edificio de la gobernación regional.
POSIBLE DESAFUERO
Sin embargo, los cuestionamientos de Contraloría no son el único frente legal que enfrenta Orrego. La Fiscalía de Antofagasta, que investiga el caso ProCultura, solicitó su desafuero.
El Ministerio Público investiga al gobernador por presunto «fraude al fisco», relacionado con la firma de convenios por más de $1.690 millones con la organización liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.
La justicia revisará la solicitud el 6 de octubre próximo. En cuanto a este proceso, la defensa del exalcalde de Peñalolén ha reiterado que «él es inocente».
