Una «Violación de derechos humanos (…) que el Estado de Chile pretende relegar al olvido». Así calificó el abogado Felipe Olea la denuncia presentada ante la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en nombre de los familiares de unas 65 víctimas del megaincendio ocurrido en Valparaíso.
El escrito solicita la designación de un veedor internacional que investigue las posibles vulneraciones a los derechos humanos registradas durante y después de la tragedia de febrero de 2024.
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La ONU tiene un plazo de 30 días para efectuar la designación, tras lo cual se espera que el organismo exija explicaciones al Estado chileno, recomiende medidas de reparación y supervise el cumplimiento de los compromisos internacionales en áreas como vivienda, salud e información.
«Existe un sentir de abandono entre las víctimas del megaincendio, que se suma al dolor de haber enfrentado una tragedia como esta, sin que nadie se haga responsable de las negligencias que produjeron la muerte de 139 personas y la destrucción de más de un tercio de la ciudad», señaló Olea en Radio Bío Bío.
DOCUMENTO
El documento responsabiliza al Estado y sus instituciones tanto por las muertes como por la falta de respuestas posteriores, mencionando la insuficiente ayuda psicosocial y la lenta reconstrucción de más de 7.000 viviendas destruidas.
De manera concreta, se apunta a la CONAF por «Fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas», al SENAPRED por «Deficiencias en la coordinación y tardanza en emisión de alertas de evacuación» y al Gobierno por «Omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que mantiene a miles de familias en condiciones indignas a más de un año después del siniestro».
«Estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en un sentido amplio, incluyendo al gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades. Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos protegidos por los tratados internacionales y, es por ello, que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido», agregó el abogado.
ONU
No es la primera vez que se lleva una denuncia de este tipo ante Naciones Unidas, pues ya se han ingresado presentaciones relacionadas con la causa mapuche y el estallido social.
En este caso, la acción se presentó en nombre de los familiares de unas 65 víctimas, quienes tras el megaincendio formaron la Comunidad de Damnificados del megaincendio de Viña del Mar.
Este grupo se organizó con el fin de defender los derechos de las personas afectadas, exigir acceso a una vivienda adecuada, reparación integral y apoyo en salud física y mental, profundamente afectadas por el desastre.
QUERELLAS
En esa labor, han sostenido reuniones con autoridades, han promovido soluciones habitacionales y de contención psicosocial, además de interponer querellas y demandas por indemnizaciones.
También han generado espacios de apoyo mutuo para enfrentar las consecuencias emocionales del siniestro.
«El grupo ha debido suplir la ausencia estatal en múltiples ámbitos, transformándose en un actor social clave en la reconstrucción y en la exigencia de responsabilidades», concluye el documento ingresado ante la ONU.
