Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer nuevos antecedentes en torno a la polémica por el uso de licencias médicas fraudulentas. Cabe recordar que el caso se abrió con su primer hallazgo en mayo de este año, el cual comprometía a 25 mil funcionarios públicos.
En concreto, el ente contralor informó que otros 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios regionales salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella.
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NUEVAS CIFRAS DE CONTRALORÍA POR LICENCIAS
De acuerdo al nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. De ellas, el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapres.
Cabe señalar que el nuevo reporte había sido comprometido por la contralora, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
A través del cual, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades. Del total, 67 funcionarios registran entre 16 y 30 entradas y/o salida, mientras que 30 tienen más de 30 entradas y/o salidas del país. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre.
ENTIDADES PÚBLICAS INVOLUCRADAS
Respecto de los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones. De ellas, el 67% son servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Es necesario precisar que estos más de 10 mil casos se suman a los 25.078 funcionarios públicos dados a conocer el 20 de mayo pasado, en el marco del CIC N° 9.
Tras la presentación de este reporte, la Contraloría anunció que notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). También al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se ejerzan las acciones que correspondan.
