Con 41 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados declaró inadmisible la moción presentada por el diputado Luis Cuello (PC) que buscaba establecer un «royalty portuario».
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La iniciativa proponía un cobro de US$1 por tonelada de carga transferida, destinando esos recursos también a comunas y regiones portuarias. La secretaría de la Corporación había calificado inicialmente el proyecto como inadmisible, al tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, tras discrepancias entre parlamentarios, se resolvió someter la admisibilidad a votación en sala.
En ese contexto, Cuello defendió la propuesta: «No comparto la calificación jurídica que ha realizado la mesa, y por eso es que hoy día hemos pedido que esta sala tome una definición soberana en un ejercicio democrático que es seguido con atención en las ciudades puerto de Chile y las regiones».
Agregó que «esta moción busca establecer una compensación en favor de las ciudades puerto y de las regiones en que estos se emplazan (…) el proyecto propone que estos recursos sean invertidos en infraestructura educacional, de salud patrimonial, de transporte y otras obras de desarrollo comunal original». Finalmente, subrayó que «es una compensación que va a beneficiar a las comunas y a las regiones portuarias, fundada en los impactos negativos derivados de la actividad portuaria».
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) criticó duramente la iniciativa, calificándola como «de los más inconstitucionales que existen respecto a las atribuciones que tienen los parlamentarios y cuáles no tiene».
Asimismo, advirtió que «la gente que está escuchándonos o viéndonos como espectadores, se les genera una expectativa de algo que no va a hacer, porque esto es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, es evidente que se busca con fines electorales vulnerar la Constitución respecto a un proyecto que no va a tener viabilidad en la medida que el Presidente de la República no lo patrocine».
Tras el rechazo, que contó únicamente con el apoyo del oficialismo y del diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI), desde el bloque oficialista señalaron que insistirán en solicitar el patrocinio del Ejecutivo.
TENSO MOMENTO
Durante la votación, en las tribunas se encontraban las alcaldesas de Valparaíso, Camila Nieto (FA), y de Caldera, Brunilda González (PPD), junto a dirigentes sociales y concejales. Desde allí levantaron carteles, lo que —según el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN)— infringía las normas de la Corporación.
Castro pidió en reiteradas ocasiones mantener el orden: «A los alcaldes les voy a pedir, por favor, que bajen los carteles ahora, se lo estoy pidiendo por favor. Si no, vamos a tener que pedir que salgan de la tribuna, es así como funciona para todos». Recordó además que en sesiones anteriores incluso se multó a dirigentes de ferias libres por no acatar las reglas.
Ante la negativa de los invitados a bajar los carteles, debieron abandonar la tribuna, lo que desató un debate en sala sobre el manejo de la situación.
La diputada Javiera Morales (FA) acusó a Castro de «faltarle el respeto a los alcaldes y alcaldesas amenazando que los iba a echar de la tribuna cuando no han incumplido ninguna norma».
En tanto, el diputado Jorge Guzmán (EVO) señaló que «cuando uno invita a alguien a sentarse en la tribuna, el diputado que gestiona ese acceso, debe hacerse responsable de las personas». También afirmó que «la propia alcaldesa de Valparaíso con su equipo haciendo gestos (con las manos). Por tanto, yo espero que en la reunión de comité se toque este tema y se adopten las sanciones para los responsables de las conductas de quienes estuvieron en esta tribuna».
