El pasado 10 de septiembre, la Cámara de Diputados envió formalmente un oficio al Presidente Gabriel Boric, solicitando la promulgación de la ley que establece la Fiscalía Supraterritorial. Tras su revisión por parte del Tribunal Constitucional, el proyecto se encuentra en condiciones de ser publicado oficialmente.
Lea También: Ya es ley: Fiscalía supraterritorial se incorpora al Ministerio Público
Una vez en vigor, el Fiscal Nacional Ángel Valencia contará con un plazo de seis meses para definir quién será el responsable de liderar esta nueva institución. Aunque aún restan algunos pasos administrativos, como la modificación del presupuesto del Ministerio Público y la creación del cargo, la planificación en torno a esta figura ya está en marcha. Es momento para que Valencia analice quién sería el perfil idóneo para ocupar este puesto clave.
QUIÉNES SUENAN COMO POSIBLES CANDIDATOS
Dado que la Fiscalía Supraterritorial tendrá sede en la Región Metropolitana, la búsqueda de candidatos presenta ciertos desafíos. Algunos fiscales regionales consultados han manifestado reticencias a trasladarse a Santiago, en caso de ser considerados para el cargo. La opción también puede estar en fiscales adjuntos o en profesionales que hayan desempeñado roles similares en el pasado y que hayan dejado el Ministerio Público.
Cabe destacar que, a diferencia de los fiscales regionales, cuyo nombramiento requiere votos en las cortes de apelaciones respectivas, el jefe de la Fiscalía Supraterritorial será designado a discreción y por confianza del Fiscal Nacional, según lo establecido en la ley aprobada en junio pasado con un respaldo unánime (114 votos a favor, ninguno en contra).
En los pasillos del Ministerio Público circulan diversos nombres, algunos considerados como posibles candidatos y otros ya descartados. Desde la institución explican que el Fiscal Regional Sur, Héctor Barros, no sería considerado para este puesto, al igual que Ignacio Castillo, actual jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Lavado de Activos, y Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna.
Fuentes del Ministerio indican que lo más probable es que Valencia opte por un fiscal adjunto de la Región Metropolitana. Sin embargo, también se han mencionado nombres como Roberto Garrido, de La Araucanía, y Mario Carrera, de Arica, aunque ambos tendrían que abandonar sus regiones.
QUÉ CARACTERIZA A LA FISCALÍA SUPRATERRITORIAL
Este nuevo organismo representa una oportunidad única, dado que contará con fiscales adjuntos y otros profesionales que podrán operar en todo el territorio nacional. Actualmente, las fiscalías regionales enfrentan limitaciones, como la duplicación de esfuerzos cuando las causas no se unifican — un problema evidenciado en casos como ProCultura y sus ramificaciones a nivel nacional.
La ley establece que el Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá seguir las instrucciones específicas del Fiscal Nacional en investigaciones relacionadas con delitos de crimen organizado o de alta complejidad, a cargo de dicha entidad.
Para acceder al cargo, la ley exige que el candidato posea al menos diez años de experiencia como abogado, tenga 35 años o más, y reúna las cualidades necesarias para ejercer derechos políticos, además de contar con conocimientos y experiencia en litigación penal, según lo dispuesto en la ley orgánica constitucional.
Según la Biblioteca del Congreso, el fiscal designado podrá ser removido por el Fiscal Nacional, pero también estará sujeto a los mecanismos de remoción aplicables a los fiscales regionales. Es decir, podrá ser destituido por la Corte Suprema — con mayoría simple de sus miembros en ejercicio — a petición del Presidente, la Cámara de Diputados, o diez de sus miembros, o del propio Fiscal Nacional. Las causales para la remoción incluyen incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en sus funciones. Además, como todos los fiscales del Ministerio Público, cesará en su cargo al cumplir 75 años.
La figura de la Fiscalía Supraterritorial promete potenciar la coordinación y eficiencia en la persecución de delitos complejos, y la elección de su titular será clave para definir su éxito en los próximos años.
