La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de siete compañías procesadoras de centolla en la región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos, a quienes acusa de haberse coludido para fijar precios.
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De acuerdo con la acusación, las firmas involucradas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
Según la investigación, entre 2020 y 2021 coordinaron los valores de compra del recurso capturado por pescadores artesanales de la zona.
FNE
La FNE detalló que los representantes de estas empresas «Se reunían presencialmente en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales o se contactaban a través de llamados, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla».
Como parte de las diligencias, se realizaron interceptaciones telefónicas a algunos ejecutivos, además de allanamientos e incautaciones en las instalaciones de las compañías ubicadas en Porvenir, en la región de Magallanes.
La investigación, iniciada en julio de 2020 tras una denuncia, concluyó que las prácticas coordinadas perjudicaron a los pescadores artesanales de la zona. El organismo constató que los trabajadores recibieron «Menores pagos en comparación a aquellos que hubiesen percibido en un mercado competitivo sin los permanentes contactos que mantenían las empresas y personas acusadas».
CENTOLLA
En esa línea, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló que «Aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso».
La FNE solicitó al TDLC la aplicación de multas que ascienden a 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de $51 mil millones para las empresas implicadas, además de 511 UTA —equivalentes a unos $424 millones— para los ejecutivos señalados como responsables.
Finalmente, este requerimiento se suma a otra acción presentada en marzo contra un grupo de panificadoras industriales en la Provincia de Iquique, acusadas igualmente de colusión en la producción y venta mayorista de pan.
