El diputado Andrés Longton lanzó una agenda legislativa para enfrentar de manera frontal el comercio ilegal y las mafias que se financian a través de esta actividad. Según explicó, se trata de tres proyectos complementarios que buscan fortalecer la fiscalización en las calles, sancionar a quienes fomentan el comercio informal y cerrar las puertas al lavado de dinero que hoy alimenta al crimen organizado. “Estamos frente a un fenómeno que dejó de ser un problema de orden público para transformarse en un engranaje clave del crimen organizado. Chile necesita respuestas modernas y efectivas, y eso es lo que estamos impulsando”, afirmó el parlamentario.
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El anuncio coincide con la reciente encuesta de victimización del comercio establecido realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), correspondiente al primer semestre de este año. El estudio reveló que un 71% de los establecimientos comerciales de Valparaíso y Viña del Mar fueron víctima de un delito y/o falta en ese periodo, el registro más alto desde que se creó este indicador. Para Longton, estas cifras muestran que la inseguridad golpea directamente la actividad económica y la vida cotidiana de las familias.
El primero de estos proyectos, denominado Fiscalización y orden en espacios públicos, entrega nuevas facultades a inspectores y policías para identificar a los vendedores ilegales. Además, aun cuando ya está restringido, establece una prohibición legal sin excepción para la instalación de comercio ambulante en las afueras de colegios, hospitales y cárceles, y establece multas para quienes compren productos en el comercio ilegal. “Hoy el comercio irregular se instala en la puerta de las escuelas y hospitales, afectando la seguridad de niños y pacientes. No basta con sancionar al vendedor. Mientras existan consumidores que alimentan este circuito, seguiremos viendo cómo algunas mafias usan las calles como puntos de control. Con este proyecto cortamos la cadena de la ilegalidad desde la oferta y la demanda”, subrayó Longton.
El segundo proyecto, titulado Falsificación y lavado de dinero, busca que los delitos de falsificación de marcas y la comercialización de productos adulterados sean considerados base para el lavado de activos. Con ello, el Estado podrá perseguir y decomisar las utilidades de estas actividades ilícitas. En palabras del diputado, “la falsificación no es un delito menor. Es uno de los mecanismos más utilizados por organizaciones criminales para lavar dinero y darle apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Con esta reforma golpeamos donde más les duele: en el bolsillo”.
Finalmente, el proyecto denominado Protección de la salud frente a productos falsificados transforma los delitos de falsificación industrial en delitos de acción penal pública, lo que significa que el Ministerio Público podrá perseguirlos de oficio, sin depender de que la empresa afectada presente una denuncia. “El Estado tendrá la obligación de actuar y perseguir directamente a quienes lucran con la falsificación”, explicó Longton.
Además, el mismo proyecto incorpora una agravante especial cuando la falsificación recaiga en bienes que pongan en riesgo la salud de la población, como medicamentos, insumos médicos o alimentos. “No es lo mismo falsificar un bolso que adulterar un remedio. Cuando lo que está en juego es la vida y la salud de las personas, la sanción debe ser mucho más severa. Este proyecto establece esa diferencia y protege a las familias de un riesgo inaceptable”, advirtió el diputado.
