El traspaso de la educación a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) abrió una compleja herida en las finanzas municipales de Punta Arenas y Puerto Natales. Ambas comunas acusan que los descuentos aplicados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) —para cubrir bonos y aumentos salariales de personal educativo— han puesto en riesgo áreas esenciales de gestión local, desde alumbrado público hasta ayudas sociales.
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PUNTA ARENAS DENUNCIA PERJUICIO MILLONARIO
En Punta Arenas, los recortes representan cerca del 8% del presupuesto anual, equivalente a unos $3 mil millones en dos años. Según el alcalde Claudio Radonich (RN), estos cobros “indefinidos” afectan la seguridad jurídica y se arrastran pese a que la educación ya fue traspasada al SLEP en 2023. El municipio recurrió nuevamente a la justicia para exigir que el Estado asuma los costos.
PUERTO NATALES ACUSA DEBILITAMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL
Puerto Natales enfrenta un panorama similar. La alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde (ind.) denunció que la comuna sufrió recortes por más de $1.300 millones en 2025, sumados a un arrastre de $400 millones del año anterior. Este déficit, asegura, restringe la capacidad de financiar mantención urbana, infraestructura y apoyo social a familias vulnerables. A ello se suman deudas en servicios básicos como los $700 millones por alumbrado público y la pérdida de infraestructura municipal tras la desmunicipalización.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades advierten que la legislación obliga a los municipios a seguir pagando deudas y compromisos laborales previos, lo que en la práctica significa destinar recursos del Fondo Común Municipal a obligaciones pasadas. Una situación que, según los alcaldes, debilita la capacidad de inversión local y castiga a comunas que dependen casi en su totalidad de este fondo.
POSTURA DE LA DIPRES
La Dipres sostiene que los descuentos cumplen un mandato legal y garantizan el pago de beneficios comprometidos a los trabajadores, aunque asegura estar abierta a ajustar plazos y montos. Con Puerto Natales, de hecho, ya se alcanzó un acuerdo para adecuar los recortes a la realidad financiera comunal.
Pese a ello, los municipios insisten en que el sistema perpetúa un desequilibrio estructural: mientras el Estado fortalece los SLEP, las comunas cargan con deudas heredadas que limitan directamente su capacidad de responder a las necesidades de la ciudadanía.
