Este lunes, comenzarán los trabajos de demolición de las viviendas ubicadas en la toma de Quilpué. Tras ello, se dará paso a la desocupación del terreno perteneciente a la familia Correa Uribe.
En concreto, las autoridades de la zona llevarán a cabo un operativo social junto a la Policía de Investigaciones y personal de Migraciones. Esto, con el objetivo de corroborar y cerciorarse de la situación migratoria de las personas que viven en este lugar.
Cabe precisar que, al menos cien familias deberán abandonar los terrenos que eran de propiedad del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado en 2020 por un sicario encargado por Renato López, el mismo que había sido denunciado por la ocupación ilegal del terreno.
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COMIENZA DEMOLICIÓN DE TOMA DE QUILPUÉ
El Ministerio de Vivienda pretende invertir más de $100 millones para sacar las casas y cumplir de esta manera el fallo de la Justicia, mientras que el municipio dispondrá de albergues transitorios.
«El Ministerio de la Vivienda, a través de la Seremi y el Serviu, tiene que preocuparse de la demolición. Tratamos que no haya desalojo y buscar alternativas, porque sabemos los efectos humanitarios que puede tener y los daños que puede provocar un desalojo», señaló a ADN Radio el ministro de la cartera, Carlos Montes.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, indicó que si las familias se resisten al desalojo, de igual forma se hará junto a la fuerza pública. «Hay una voluntad, porque ya empezaron a desarmar casas, ya no hay paneles solares. Seguramente se quedarán aquellos que han estado en una permanente mentira respecto de ese terreno, y que han sido entrevistados en todos los canales de televisión defendiendo lo indefendible», aseveró.
«Y si esas personas no entienden cómo funciona el sistema, evidentemente se deberá utilizar la fuerza pública», adelantó la jefa comunal. Desde las 09.00 horas de este lunes comenzó el desarme de viviendas por parte de sus dueños, proceso que podría extenderse por hasta 1 semana.