Con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que fija una multa para los ciudadanos que no sufraguen en los comicios presidenciales y parlamentarios. La iniciativa se despachó para su promulgación luego de superar las modificaciones del Senado.
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La multa para quienes no cumplan con la obligación de votar tendrá un piso de $34.000 pesos y podrá alcanzar un techo de $103.000 pesos, calculado sobre la base de la UTM de septiembre de 2025. La medida regirá para las elecciones del presente año.
El proyecto registró algunos votos en contra, incluidos tres de la bancada de Independientes, uno del PPD, también del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pese a esto, la iniciativa se aprobó y ahora queda lista para su promulgación.
Además, la norma dispone que esta sanción no será aplicable para quienes el día de la elección:
– Estén enfermos, ausentes del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.
– Quienes el día de la elección desempeñen funciones encomendadas por la ley de Votaciones Populares y Escrutinios.
– Ciudadanos con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación establecida en la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad
o tengan otro impedimento grave que deberán acreditar ante el juez de policía local.
– Finalmente, esta norma no incluye multa a los extranjeros con derecho a voto. Esto porque el término “ciudadanos” comprende solo a los chilenos y a los extranjeros nacionalizados.
EXTRANJEROS
En paralelo, la Cámara ratificó la reforma constitucional que modifica el derecho de sufragio de las personas extranjeras. Esta reforma se aprobó con 142 votos a favor y 4 abstenciones, despachándose del Congreso.
La nueva norma establece que podrán votar los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos. Además, no deben registrar salidas del país por más de 90 días en un período de 12 meses.
Estos requisitos más estrictos, que elevan la exigencia de 5 a 10 años de avecindamiento, comenzarán a regir desde el año 2026. Hasta entonces, el sistema actual mantendrá su vigencia.
