El Decreto Supremo Nº 38, firmado por el Presidente Gabriel Boric y emitido desde el Ministerio de Bienes Nacionales, ingresó a la Contraloría General de la República el 29 de noviembre de 2024 para su toma de razón. Su objeto: autorizar la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Un mes más tarde, la operación quedó atrapada en una controversia constitucional: la propiedad de Guardia Vieja estaba en manos de dos autoridades (la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende), lo que hacía inviable que el Estado adquiriera ese inmueble. Este hecho precipitó, semanas después, la salida de Isabel Allende de su cargo y tuvo repercusiones políticas de alto impacto en el gabinete Boric.
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En la indagación que lidera el fiscal Patricio Cooper, los funcionarios de la Contraloría —todos abogados— detallaron el itinerario administrativo del decreto. La revisión pasó por la División Jurídica, el Comité de Bienes Públicos y un “abogado informante” asignado, en este caso Valeria Hoffman. Según su testimonio, se revisaron los trámites de aprobación y no se evaluó la inconstitucionalidad de la eventual titularidad de las propietarias, puesto que se analizaba únicamente el decreto que autorizaba la compra, no el segundo acto administrativo (la escritura).
CONTRALORÍA
Tanto el contralor subrogante, Víctor Merino, como los integrantes del equipo jurídico sostuvieron que el análisis de las inhabilidades constitucionales debía hacerse en etapas posteriores y que, en la práctica, ninguno detectó inconvenientes jurídicos relevantes en el proceso de tramitación. Esa visión contrastó con la preocupación expresada por la abogada Valeria Hoffman respecto a posibles inconsistencias y con la advertencia de que, si existieran dudas en una segunda fase, debían revisarse.
Entre quienes aportaron datos relevantes también figure el jefe jurídico de la Contraloría durante el periodo investigado, Cristián Oliver. Relató que la documentación inicial citaba a las propietarias, pero no fue considerado cuestionarlo en ese momento. También indicó que se discutió el riesgo político asociado a la compra y que no hubo análisis sustantivo sobre la inconstitucionalidad, sólo una conversación interna para evaluar posibles efectos políticos.
Otras declaraciones señalan que, tras hacerse público el caso, Francisca Moya (jefa jurídica de la Segpres) solicitó alternativas para dejar sin efecto el decreto. Oliver explicó que esa propuesta venía con soluciones ya preparadas por Segpres y Bienes Nacionales, y que el comité de Bienes Públicos trasladó esas ideas para su evaluación, a las que no se llegó a dar respaldo.
CRÍTICAS INTERNAS
Entre las críticas internas, el equipo jurídico reconoció que el decreto 38 tenía plazos reglamentarios (15 días), pero hubo expedites y urgencias que facilitaron la tramitación; Hoffman resaltó que las tasaciones del inmueble superaban el valor de compra y que las tasaciones fueron solicitadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, no por la familia Allende. Estas observaciones alimentaron la discusión sobre si la tramitación se realizó con el debido rigor o si se dejó de lado la cautela para evitar “ruido político”.
En suma, el relato de la Contraloría y de los funcionarios involucrados muestra un proceso administrativo complejo, con tensiones entre la formalidad jurídica y las presiones políticas, y deja en claro que la cuestión de constitucionalidad se discutió en un marco de prudencia operativa más que de una revisión jurídica exhaustiva de inicio a fin. El caso dejó huellas en la política chilena y subraya la vulnerabilidad de decisiones de alto impacto que cruzan límites entre autoridad y propiedad.
