La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados rechazó por estrecho margen —6 votos contra 5— la propuesta que habría permitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acceder directamente a información bancaria en investigaciones, secreto bancario. Con esta decisión, el organismo se queda sin una herramienta que el Gobierno consideraba clave para robustecer el nuevo Subsistema de Inteligencia Económica.
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EL DILEMA ENTRE FISCALIZACIÓN Y PRIVACIDAD
El artículo en cuestión autorizaba a la CMF a solicitar a bancos y entidades financieras, sin restricción alguna, información protegida por secreto bancario. La oposición lo frenó apelando al resguardo de la privacidad. “El derecho a la intimidad está garantizado en nuestra Constitución. No podemos banalizarlo”, advirtió el diputado Diego Schalper (RN).
DESCONFIANZA HACIA EL EJECUTIVO
El jefe de bancada UDI, Henry Leal, acusó falta de garantías de independencia en el manejo de datos sensibles. A su juicio, el levantamiento del secreto debería estar en manos de “un organismo autónomo de verdad”. Aunque dejó abierta la puerta a respaldar la medida en sala, condicionó su voto a que se entregue esa seguridad.
FRACTURA EN LA DERECHA: CHILE VAMOS Y REPUBLICANOS
El rechazo no fue unánime en el bloque opositor. Desde Chile Vamos, algunos parlamentarios reconocen matices tras la postura de la presidenciable Evelyn Matthei, quien la semana pasada se mostró abierta a levantar el secreto bancario, pero con intervención judicial previa.
En contraste, el Partido Republicano, encabezado por Cristián Araya, descartó cualquier negociación. “No aprobaremos bajo ninguna condición”, sentenció, aludiendo a filtraciones denunciadas en el pasado por el exdirector del SII, Javier Etcheberry.
EL TRASFONDO: UNA ATRIBUCIÓN PERDIDA
El Ejecutivo defendió la norma señalando que buscaba corregir una asimetría originada cuando las facultades de la antigua SBIF pasaron a la CMF. Si bien los funcionarios heredaron la atribución de levantar el secreto, no así el fiscal del organismo. Con la caída del artículo, la incertidumbre sobre cómo equilibrar la fiscalización financiera con la protección de derechos fundamentales seguirá marcando la discusión parlamentaria.
