“Quiero ser bien franco: esta situación es mucho más que una pensión y reducirla a la discusión de una pensión -me van a perdonar- es de una simplificación excesiva”, dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto del caso de Bernarda Vera, quien figura como detenida desaparecida en el informe Rettig y que, presuntamente, fue encontrada con vida en Argentina.
Para el secretario de Estado, el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el Presidente Gabriel Boric, va más allá de un registro o una reparación económica. Su objetivo central es «conocer el destino y sobre todo reconstruir las trayectorias de las personas que fueron afectadas por el delito de desaparición forzada”.
“Si el Estado cometió los crímenes, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de la búsqueda y no la familia», recalcó.
Lea también: Gajardo: Caso Bernarda Vera no empaña Plan Nacional de Búsqueda
En este contexto, explicó en entrevista con radio Universo que la legislación establece que “hay pensión para los hijos hasta los 25 años”.
Esto cambia si tienen algún tipo de discapacidad, como ocurre en este caso.
“La hija tiene más de 25 años. Tiene 57 años. Al momento que ocurrieron los hechos tenía 5 años”, explicó.
Añadió que “es una persona que toda su trayectoria vital ha estado sobre la base de la convicción familiar de que su madre era una ejecutada política sin entrega de cuerpo. Y ella tiene una discapacidad certificada sobre el 60% que explica por qué ella recibe pensión hasta el día de hoy».
“Por lo tanto, ella tiene un título legal para recibir esa pensión», aseveró Cordero.
«NO SABÍAN»
«Todos los equipos que han estado en torno a esto, tienen la plena convicción de que ella y sus familias no sabían”, reiteró el ministro.
“Cualquier diligencia que se deba ejecutar con el propósito de identificar a la persona señalada en Argentina como tal, requiere una gestión judicial en Argentina promovida por un juez chileno en Chile”, detalló además.
“Los antecedentes los tiene el ministro Mesa, tiene un cuaderno reservado y separado producto de los antecedentes oficiales que el Estado de Chile recibió en mayo del 2025 desde Suecia. En mayo, en junio y en agosto, son tres comunicaciones sucesivas con antecedentes complementarios”, manifestó.
Ahora “cualquier diligencia que se quiera hacer en Argentina, eso significa que el juez Mesa tiene que requerir a la justicia argentina para que en Argentina un juez acepte realizar diligencias en relación a esa persona”.
Cordero hizo la distinción en que la investigación que lleva el magistrado “es sobre las indagaciones de la muerte de Bernarda Vera”.
“En ese contexto el ministro tomará las decisiones que tiene que tomar respecto de la indagación. Mientras no exista una declaración judicial en este aspecto, dada como está estructurado el sistema -esto es una resolución simplemente administrativa- la hija Bernarda Vera, de hecho hasta el día de hoy ella siempre ha actuado con buena fe. Ella tiene título legítimo para seguir persiguiendo esa pensión”, sostuvo.
