Para que puedan conservar «beneficios federales» el gobierno de Estados Unidos pidió a nueve universidades que firmen un acuerdo donde se compromentan con “prioridades” del Ejecutivo, entre las cuales figuran suprimir los departamentos que actúen “contra las ideas conservadoras” o prohibir actos y protestas que afecten a la actividad académica o al acceso a partes de los campus universitarios.
“Este Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior refleja las prioridades del Gobierno de Estados Unidos en sus relaciones con las universidades que se benefician de dicho vínculo”, sostiene el documento, según Europa Press.
Este detalla diez puntos, entre ellos la protección de ideas conservadoras, la eliminación de la discriminación positiva en la concesión de becas y admisiones, y el silencio público acerca de temas políticos y sociales por parte de todos los trabajadores.
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Para contar con financiamiento estatal las universidades que se adhieran al convenio deben comprometerse con un decálogo que comienza con la “igualdad en las admisiones”. Este punto obliga a los centros a ignorar elementos de género, etnia, nacionalidad o religión a la hora de admitir alumnos o concederles ayudas al estudio, medida extendida a la contratación de empleados.
El convenio fue presentado a nueve universidades: Vanderbilt, Dartmouth, Pennsylvania, el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), Texas en Austin, Arizona, Brown, Virginia y la Universidad de California del Sur.
NO A DISCURSOS Y PROTESTAS
Asimismo, las universidades deben fomentar en todos los ámbitos un “mercado de ideas” con un “amplio espectro de perspectivas ideológicas” y donde no haya “una sola ideología dominante”, considerando para ese fin la “transformación o abolición de unidades institucionales que castigan deliberadamente, menosprecian e incluso incitan a la violencia contra las ideas conservadoras”.
Además, las universidades no deben permitir acciones «que retrasen o interrumpan clases” y que “manifestantes molesten o acosen” a estudiantes, e impedir la “obstrucción del acceso a partes del campus en base a raza, etnia, nacionalidad o religión”. Además, la circular recoge la obligación de los centros de “emplear la fuerza legal si es necesario” ante tales eventualidades.
Del mismo modo, los empleados de los centros de educación que firmen este convenio deberán “abstenerse de acciones o discursos en relación a eventos sociales y políticos”. Esta norma aplica “con igual fuerza a todas las unidades académicas de la universidad, incluidas todas las facultades, escuelas, departamentos, programas, centros e institutos”.
SOLO HOMBRE Y MUJER
La propuesta también obliga a la consideración única y excluyente de los términos “macho, hembra, hombre y mujer según la función reproductiva y procesos biológicos”, condiciones que traslada también a los espacios y competencias femeninas.
Las universidades que lo firmen además “tienen el deber de reducir los costes administrativos tanto como sea posible” y “se comprometen a congelar los costes de matrícula cobrados a estudiantes estadounidenses en los próximos cinco años”.
El convenio también sostiene que será necesaria una autorización federal para la concesión de visados a estudiantes extranjeros, que deben tener un “talento extraordinario” y apoyar “valores estadounidenses y occidentales para contribuir a un mayor entendimiento y aprecio a nivel mundial por Estados Unidos”.
Estos no podrán ser más «del 15 por ciento de los estudiantes de grado” y “no más del 5 por ciento podrán ser de un país”.
LAVADO DE DINERO
El convenio convierte a las universidades en parte de los programas gubernamentales contra el lavado de dinero y deberán comunicar al gobierno “toda financiación de cualquier institución o individuo extranjero”.
Será ell Departamento de Justicia el responsable de examinar el cumplimiento de estas obligaciones y cualquier violación de las mismas será penalizada con la pérdida de fondos federales durante los siguientes uno o dos años y la devolución obligada de la financiación percibida en el año del incumplimiento.
En este sentido, las universidades tendrán también que devolver las aportaciones privadas, si el donante lo solicitase.
CALIFORNIA ADVIERTE
Tras el anuncio el gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió de que su estado “no financiará a las universidades” que firmen el acuerdo que defiente las ideas conservadoras.
Si lo hacen, “traicionan a sus estudiantes, profesores e investigadores y renuncian a la libertad académica”, advirtió.
“Si alguna universidad de California firma este acuerdo radical, perderá instantáneamente miles de millones en financiación estatal, incluidas las becas Cal”, enfatizó.
En ese estado la disyuntiva la tiene la Universidad de California del Sur.
La reforma universitaria es una de las principales prioridades del segundo mandato de Donald Trump, que ha intentado cambiar el funcionamiento de los centros de educación superior a través de incentivos económicos o sanciones.
En los últimos meses, los tribunales ordenaron a la Casa Blanca que restablezca el financiamiento federal que retiró a instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
