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Seis meses después de los aranceles de Trump: Chile busca acuerdos con EE.UU.

Javiera Sanzana

Periodista

Chile
Foto: Agencia Uno
Uno de los hitos más relevantes se produjo el 30 de julio, cuando Trump firmó una proclamación imponiendo un arancel universal de 50% a los productos semiacabados de cobre, pero dejando fuera al cobre refinado.

Seis meses han pasado desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, remeció el escenario económico internacional con lo que calificó como el «día de la liberación», al anunciar la aplicación de aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales, incluyendo a Chile.

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La medida, comunicada el 2 de abril de 2025, marcó un quiebre en la política comercial global y desató tensiones entre las principales potencias, con China como uno de los actores más afectados. Para economías abiertas como la chilena, el nuevo contexto generó incertidumbre y obligó a un delicado equilibrio entre la diplomacia y la cautela.

COBRE

En los primeros meses, el cobre refinado logró quedar fuera de los impuestos globales, lo que fue recibido con alivio por la industria minera.

Sin embargo, la reciente decisión de Washington de imponer un 10% de gravamen a las importaciones de madera blanda y aserrada encendió las alertas del sector forestal nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que el proceso de negociaciones bilaterales con Estados Unidos se encuentra en una etapa avanzada, aunque sin plazos concretos para su conclusión.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

En abril, Trump dio a conocer un nuevo esquema arancelario que afectó de manera diferenciada a sus principales socios: 34% a China, 20% a la Unión Europea, 46% a Vietnam, 32% a Taiwán, 24% a Japón, 26% a India, 25% a Corea del Sur, 36% a Tailandia, 31% a Suiza, 32% a Indonesia, 24% a Malasia, y un 10% para Brasil, Reino Unido y Chile.

«Este es uno de los días más importante en la historia de los Estados Unidos”, declaró Trump en su discurso, agregando que “es nuestro turno de prosperar».

RESPUESTA DE CHILE

En Chile, la respuesta no tardó en llegar. El presidente Gabriel Boric reaccionó el 8 de abril mediante su cuenta en X, afirmando que «Ante la guerra arancelaria desatada hemos convocado a un Comité de alto nivel para nuestra estrategia de minerales críticos, lo que se suma al trabajo con el sector agro-exportador y a la política de diversificación de mercados que se expresa en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, los nuevos acuerdos con India y mi próximo viaje de Estado a Brasil».

Ese mismo día, el entonces ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, lideró una reunión clave con representantes del sector privado para evaluar los efectos en las exportaciones agrícolas. Posteriormente, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la calma: «No hay nada inminente, terrible que le vaya a pasar a la economía chilena», señaló en Radio Universo, aunque reconoció que el país debía actuar con cautela en un «Escenario muy confuso que afecta a todo el mundo».

EL RESPIRO DEL COBRE

Uno de los hitos más relevantes se produjo el 30 de julio, cuando Trump firmó una proclamación imponiendo un arancel universal de 50% a los productos semiacabados de cobre, pero dejando fuera al cobre refinado.

Para Chile —principal exportador de este producto hacia EE.UU.— el anuncio representó un alivio significativo. «Una primera lectura permite concluir que no se aplicarán tarifas a los cátodos de cobre, lo que permite que sigamos como país abasteciendo ese mercado. Es una buena noticia para Chile, para Codelco y para nuestros clientes en EE.UU.», celebró el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco.

Mientras la industria del cobre sorteaba el impacto, el sector forestal enfrentaba un panorama opuesto. El 1 de octubre, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) manifestó su inquietud frente a los aranceles del 10%. «Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el impacto que esta medida podría generar en un sector ya golpeado por una crisis estructural», advirtió el gremio que agrupa a más de 160 empresas.

ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES

Cancillería, encabezada por Alberto van Klaveren, detalló que «A partir de las medidas anunciadas por Estados Unidos, Chile ha desplegado acciones de diálogo bilateral, a través de reuniones políticas y técnicas, particularmente, entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el USTR, así como con representantes del Departamento de Comercio».

Además, precisaron que «En el marco de un acuerdo de confidencialidad, se han concretado dos reuniones técnicas bilaterales en Washington en los meses de junio y julio, para mejorar la posición relativa de Chile y fortalecer la vinculación económica y comercial estratégica y complementaria entre ambas naciones».

Desde el Gobierno destacaron algunos avances: «Valoramos la no imposición a Chile de aranceles a la exportación de cátodos de cobre. Además, nuestro país se mantuvo en el arancel general del 10%, quedando en el rango mínimo aplicado».

También celebraron que «El Gobierno estadounidense anunció en septiembre la imposición de un pago de US$100.000 para la solicitud de las visas H-1B para trabajadores calificados. Chile no se encuentra en la regulación que dispone del cobro mencionado, algo positivo para nuestros connacionales».

SIN FECHA PARA UN CIERRE

Respecto al futuro del proceso, Cancillería reiteró que «No hay plazos definidos para el cierre de las negociaciones. Las conversaciones se están llevando adelante a nivel técnico y se encuentran en etapa final. La Cancillería se encuentra desplegada y seguirá dialogando para obtener las mejores condiciones posibles para nuestras exportaciones».

Asimismo, recordaron la existencia de un grupo de trabajo público-privado, creado en febrero de 2025, destinado a analizar las implicancias de las medidas comerciales impuestas por Estados Unidos. Según la cartera, «El Ministerio de Relaciones Exteriores lidera, desde febrero de 2025, un grupo de trabajo público-privado para analizar el desarrollo de las medidas comerciales anunciadas por Estados Unidos, que ha contado con la participación de asociaciones empresariales, así como expertos y expertas en relaciones económicas internacionales, con el objetivo de recoger perspectivas y orientaciones sobre los cambios en las políticas en el ámbito del comercio internacional».

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