El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró inadmisible el recurso de apelación con que la Fiscalía Regional buscaba impedir el traslado a Santiago de la investigación referente a Claudio Orrego de la causa ProCultura.
El asunto quedó zanjado el martes 30 de septiembre cuando el tribunal acogió el incidente de incompetencia presentado por la defensa del gobernador de la región Metropolitana, encabezada por el abogado Ciro Colombara. Sin embargo, tres días despues -el viernes 3 de octubre- el fiscal Eduardo Ríos ingresó la acción judicial para revertir la determinación.
Hoy el juez Hans Durán tuvo la última palabra y dijo que no concurre la apelación. El magistrado especificó que es “improcedente”.
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“La resolución impugnada versa sobre un incidente de incompetencia de carácter inhibitorio, cuya resolución corresponde a una decisión de naturaleza procesal dictada dentro del ámbito de la dirección del procedimiento, y que, por consiguiente, no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de apelación conforme a la normativa citada”, se lee en el dictamen.
Por lo tanto, “el recurso deducido carece de fundamento legal que lo ampare, por lo que deviene en manifiestamente improcedente”.
Con esto Durán ordenó dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución del 30 de septiembre y remitir los antecedentes de la investigación contra Orrego al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su conocimiento.
CASO PROCULTURA
La semana pasada el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que no presentará una querella contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el caso ProCultura.
Su presidente, Raúl Letelier, dijo que la entidad lo decidió así, por «considerar que con los antecedentes disponibles al día de hoy no se observan conductas constitutivas de delito».
Hasta ahora, el organismo de defensa estatal solo tiene una querella por «apropiación indebida» dirigida contra la representante legal de la fundación ProCultura, María Constanza Gómez. No ha sido ampliada hacia otros funcionarios de la entidad, como su fundador, Alberto Larraín.
En la acción penal se argumenta que ese delito se relaciona con la suscripción de cinco convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda y Serviu de Antofagasta en el marco de los programas de Asentamientos Precarios y de Recuperación de Barrios, cuyas transferencias ascienden a $545 millones.
