Política

Oficialismo y oposición de acuerdo con acusación contra juez Antonio Ulloa

Cristian Navarro H.

Periodista

Allanamiento ministro
Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La permanencia de Ulloa, respaldada por siete ministros de la Corte Suprema, ha generado fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos.

La ofensiva parlamentaria para destituir al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, avanza con señales poco habituales en el Congreso: apoyo cruzado entre bloques políticos que, hasta ahora, se mantenían distantes en materias judiciales.

En las próximas 24 a 48 horas, diputados oficialistas presentarán la acusación constitucional por “notable abandono de deberes” contra Ulloa, según confirmó el socialista Daniel Manouchehri. La acción ocurre una semana después de que la Corte Suprema decidiera mantener al juez en su cargo, pese a su vínculo con el abogado e imputado por el “caso Audio”, Luis Hermosilla.

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“La gente está cansada de jueces que manipulan la justicia. Vamos a presentar la acusación constitucional contra Antonio Ulloa”, afirmó Manouchehri, asegurando que los equipos llevan más de una semana preparando el documento.

CRUCE POLÍTICO INUSUAL

La diputada Camila Flores (RN) sorprendió al declarar públicamente que está dispuesta a votar a favor de la acusación. Calificó como “gravísimas” las acciones del magistrado y sostuvo que, de confirmarse los antecedentes, “estas personas son las que dañan el Poder Judicial, una institucionalidad clave que hoy está tremendamente desprestigiada”.

“Creo que Ulloa no debería seguir en el Poder Judicial. La Corte Suprema debió removerlo. Si hay parlamentarios que presentan la acusación, estoy disponible para aprobarla”, señaló Flores.

UN CASO QUE TENSIONA AL PODER JUDICIAL

La permanencia de Ulloa, respaldada por siete ministros de la Corte Suprema, ha generado fuertes cuestionamientos políticos y mediáticos. Para el oficialismo, esto dejó abierta la puerta a la vía parlamentaria. Y para parte de la oposición, representa una oportunidad para marcar distancia frente a eventuales redes de poder dentro de la judicatura.

La convergencia de votos de sectores tradicionalmente enfrentados podría transformar esta acusación en una de las más significativas de los últimos años, no solo por sus fundamentos jurídicos, sino por el inédito consenso político que la rodea.

 

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