La decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de conceder la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por el brutal ataque contra Nabila Rifo en 2016, reabrió este martes una profunda discusión pública sobre cómo el sistema judicial chileno aborda los casos de violencia de género.
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La Corte Suprema recalificó los delitos de Ortega en 2017 y lo condenó a 18 años de prisión. Tras cumplir parte de su pena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, Ortega obtuvo la libertad condicional. Su liberación ocurre en medio de un país que aún recuerda con impacto la agresión ocurrida la madrugada del 14 de mayo de 2016, cuando golpeó gravemente a su entonces pareja, dejándola con lesiones irreversibles.
El caso de Nabila Rifo se convirtió en un hito en la lucha contra la violencia machista, marcando un antes y un después en la cobertura mediática y en la conciencia ciudadana sobre estos crímenes. Por ello, la decisión judicial generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre organizaciones feministas, que cuestionan si la legislación vigente garantiza justicia efectiva y seguridad para las víctimas.
El tribunal rebajó la condena original de Ortega —que inicialmente contemplaba casi 25 años de cárcel— a 18 años, tras desestimar el delito de femicidio frustrado. El beneficio otorgado ahora reabre preguntas sobre los criterios de evaluación penitenciaria y los mecanismos de reparación para las sobrevivientes.
