La polémica liberación condicional de Mauricio Ortega —condenado por la brutal agresión que dejó ciega a Nabila Rifo— desató una ola de críticas transversales al sistema judicial y a los organismos encargados de resguardar los derechos de las víctimas. La diputada RN Camila Flores apuntó sus dardos al Poder Judicial, mientras organizaciones de personas con discapacidad denunciaron deficiencias estructurales del Estado en su trato hacia grupos vulnerables.
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Ortega recuperó la libertad el martes tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pese a no contar con la recomendación de Gendarmería. Un informe penitenciario había advertido de rasgos psicopáticos y alto riesgo de reincidencia. La determinación judicial generó indignación pública y abrió un debate más amplio sobre los mecanismos de control en casos de agresores violentos.
“Esto es una vergüenza nacional. El Poder Judicial está actuando con una desconexión total de la realidad que viven las víctimas chilenas. Si no se reforma a fondo, los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos”, sostuvo Flores.
DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES EN LA NOTIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
Paralelamente, el caso dejó al descubierto problemas administrativos y legales. El SernamEG asumió la defensa de Nabila Rifo, pero al desvincular a su abogada sin nombrar un reemplazo, dejó el caso sin representación activa. Como consecuencia, la institución no revisó las notificaciones sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega. Mientras la ministra Antonia Orellana culpó a los tribunales por no enviar los avisos al domicilio de la víctima, el Poder Judicial aseguró que la notificación se realizó “debidamente” en septiembre.
Expertos señalan que fue responsabilidad de la parte patrocinante informar cualquier cambio de dirección, lo que no se hizo. Según el mandato legal, el patrocinio del SernamEG debía extenderse hasta la ejecución total de la sentencia, en 2034, lo que incluía su defensa ante la Comisión de Libertad Condicional. Nada de eso ocurrió.
VULNERABILIDAD Y DISCAPACIDAD: UN ÁNGULO OLVIDADO
La Agrupación de Ciegos de la Patagonia aprovechó el caso para cuestionar la falta de capacitación estatal en el trato hacia personas con discapacidad. Cristina Barrientos, su presidenta, recordó que la ley 20.422 obliga a funcionarios judiciales, policías y abogados a conocer protocolos adecuados. “Muchas veces las víctimas no comprenden la documentación que reciben; el Estado debe asegurarse de que la información sea entregada de forma accesible y verbal”, señaló.
UN SÍNTOMA DE DESCONFIANZA PROFUNDA
Más allá de las responsabilidades individuales, el caso Ortega expuso una fractura mayor: la desconfianza ciudadana en la capacidad del sistema judicial de proteger a las víctimas y garantizar justicia efectiva. La reacción de Flores, aunque en tono político, se enmarca en un clima social donde la liberación anticipada de condenados por delitos graves es vista como una amenaza a la seguridad pública y una herida abierta en la memoria de casos emblemáticos de violencia.
La liberación de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, vuelve a mostrar que algo no funciona en nuestro sistema judicial.
No se trata solo de un fallo: es el reflejo de tribunales que pierden de vista la protección de las víctimas y el mensaje que envían a todo un país que… pic.twitter.com/KNPq5k4kum— Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) October 8, 2025
