Nacional y economía

El día de su muerte, Teillier demandó al fisco por 250 millones

Agencias

La demanda es por los apremios a los que fue sometido con posterioridad al golpe de Estado.

Fue tras una larga enfermedad que el pasado martes 29 de agosto falleció el histórico presidente del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier. Tenía 79 años. Ese mismo día su abogado, Adil Brkovic, ingresó a su nombre una demanda contra el Fisco por 250 millones de pesos.

El dirigente del PC llevaba varios meses en una arremetida contra el Estado por los apremios que sufrió durante la dictadura: en junio de 1974 fue detenido y torturado por seis meses en el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, y luego permaneció otro año y medio preso en campos de concentración en Ritoque, Puchuncaví y Tres Álamos.

Desde el entorno del extimonel explicaron a La Tercera que se intentó presentar la acción judicial con anterioridad, pero un problema en la carga de los archivos impidió que quedara ingresada formalmente. Eso solo ocurrió el mismo día de su deceso.

Sin embargo, el 28° Juzgado Civil de Santiago resolvió el pasado 4 de septiembre archivarla debido a una falta de patrocinio y poder del abogado.

Por eso Brkovic interpuso un recurso de reposición, pues el mandato judicial que recibió no se agota con la muerte del mandante: en caso de que la acción judicial sea acogida, los beneficiarios podrían ser los herederos de Teillier.

«MALTRATADO Y TORTURADO»

La millonaria demanda de Teillier -por concepto de indemnización de perjuicios- argumenta que los apremios que padeció generan «una obligación» de reparación desde el Estado.

«Además de sus consecuencias penales, generan efectos civiles, consistentes en la obligación de reparar a las víctimas», detalla el escrito presentado, donde también se establece que «la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado, tiene su fuente tanto en el derecho público nacional como en el derecho público internacional».

Según la demanda, durante su detención, Teillier «fue maltratado y torturado, sometido a sesiones de torturas una vez con aplicación de corriente en las partes más sensibles del cuerpo por Edgar Cevallos y por otro oficial que vestía de civil y que se distinguía porque tenía una cicatriz en la frente».

«De conformidad a la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, estaríamos en presencia de lo que se ha denominado daño moral, es decir aquella afectación o lesión efectuada culpable o dolosamente, que han significado molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra, en el caso la integridad psicológica, derecho que por lo demás está garantizado en la Constitución Política», puntualizó el escrito, agrega.

La acción «se encuentra sustentada en la privación ilegal de libertad y torturas que sufrió el actor por parte de organismos del Estado, vulnerándose con aquello la prohibición absoluta que establecen los instrumentos internacionales respecto de dicha práctica criminal».

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