La arremetida política contra el ministro Carlos Montes entra en una nueva etapa: ya no se trata únicamente de eludir responsabilidades por los pagos pendientes, sino de cuestionar el mecanismo estructural con el que la cartera opera financieramente con sus proveedores.
El llamado sistema confirming —suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y BancoEstado desde 2011— se convirtió esta semana en el nuevo foco de la ofensiva opositora. Esta herramienta permite a las empresas constructoras recibir anticipos de pago a cambio de un 0,5 % de interés por transacción, costo que deben asumir con recursos propios. La oposición acusa que el mecanismo, creado para dar liquidez, se transformó en una “trampa financiera” en plena crisis de pagos de la cartera.
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DE HERRAMIENTA TÉCNICA A BLANCO POLÍTICO
El ministro Montes deberá comparecer esta semana ante comisiones del Senado y la Cámara para explicar no solo las cifras de la Ley de Presupuestos 2026, sino también el uso de este sistema que —según las empresas— ha reducido márgenes de utilidad y desincentivado la participación en proyectos de vivienda social, especialmente los DS49.
Desde la oposición, califican el confirming de “abusivo” y apuntan a que su masificación responde a la incapacidad del Minvu para cumplir con los plazos de pago. Diputados y senadores han anunciado que exigirán al BancoEstado y a la Comisión para el Mercado Financiero un desglose completo de los montos involucrados y de posibles actores bancarios adicionales.
EL DEBATE: LIQUIDEZ PRIVADA PARA OBLIGACIONES PÚBLICAS
La crítica de fondo trasciende al instrumento: lo que está en juego, según la oposición, es un esquema en que el Estado “externaliza” sus obligaciones presupuestarias a la banca, trasladando el costo financiero a las constructoras. “Ante la falta de recursos, el ministerio delega en BancoEstado la función de pagar anticipadamente a cambio de intereses”, denunció el diputado RN Juan Carlos Beltrán, acusando “desorden financiero estructural” en la gestión de Montes.
El senador UDI David Sandoval agregó que las empresas “han debido asumir compromisos que no les corresponden” para mantener a flote las obras. Para Marcia Raphael (RN), el resultado son proyectos paralizados, terrenos sin adquirir y familias en espera prolongada.
MINVU SE DEFIENDE: “ES UN INSTRUMENTO HISTÓRICO”
Desde la cartera y Hacienda, han subrayado que el convenio con BancoEstado existe desde hace más de una década y que son las propias empresas las que voluntariamente optan por usarlo. Además, recalcaron que ya se iniciaron pagos pendientes y que no se han comprometido recursos adicionales del Estado mediante este sistema.
La explicación, sin embargo, no ha frenado la ofensiva política. Lo que antes era un tema de atrasos administrativos se transformó en un cuestionamiento de fondo al modelo de financiamiento que sostiene una parte relevante de la política habitacional del país.
