A raíz de los informes emitidos por la Contraloría General de la República desde mayo, que revelaron irregularidades en el uso de licencias médicas, se iniciaron cientos de sumarios administrativos en diversos organismos públicos del país. Entre los 788 servicios llamados a entregar explicaciones, el Ministerio de Salud se ubicó entre los más cuestionados.
Tras el Mineduc, fue la segunda cartera con mayor número de casos detectados, viéndose obligada a investigar no solo a funcionarios que incumplieron su reposo médico, sino también a médicos que habrían aprovechado esos permisos para ejercer en otros empleos o que los habrían autorizado de manera irregular. Actualmente, varias de esas indagatorias están concluyendo.
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“No tenemos registro de que haya sucedido antes una investigación tan masiva a nivel de la administración pública, y ahora también del sector privado, de esta naturaleza”, comenta Verónica Bustos, jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
FUNCIONARIOS
En total, 12.186 funcionarios del sistema de salud —entre las subsecretarías de Redes Asistenciales y de Salud Pública, Fonasa, la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública— están siendo investigados.
El caso más numeroso corresponde a trabajadores que, pese a estar con licencia, habrían sido sorprendidos en casinos: 6.826 funcionarios están bajo revisión por ese motivo. Luego, 4.362 habrían viajado al extranjero durante su período de reposo, 610 obtuvieron licencias emitidas por médicos bajo investigación por fraude, y 388 atendieron partos en clínicas privadas mientras estaban con permiso médico.
MINISTERIO PÚBLICO
Según fuentes del Ministerio de Salud, el gran número de procesos abiertos no ha afectado la operatividad de la red asistencial ni la entrega de prestaciones. Bustos señala que la cantidad de casos se relaciona con la magnitud del personal que compone el sistema.
“De este total de funcionarios ya tenemos instruidos 9.022 sumarios administrativos. Para nosotros eso es muy relevante. En un sector tan amplio y complejo como este, haber alcanzado un 74% de la información enviada por Contraloría con sumario instruido, representa un avance significativo“, destaca la autoridad.
CONTRALORÍA
Hasta ahora, 124 funcionarios cuentan con resolución del jefe de servicio y 68 con resolución tramitada por la Contraloría. De estos últimos, las autoridades destituyeron a 38 funcionarios, lo que implicó terminar su vínculo laboral y prohibirles reincorporarse al Estado durante cinco años.
Las autoridades sancionaron a otros siete trabajadores con multas que descuentan entre el 5% y el 20% de su sueldo mensual, mientras que suspendieron a tres de sus funciones, aplicándoles rebajas salariales de entre el 50% y el 70% durante 30 días a tres meses.
También se han aplicado sanciones menores, como la censura, que consiste en una amonestación escrita incorporada a la hoja de vida del funcionario.
Bustos subraya que, junto con la aplicación de sanciones, el Ministerio ha reforzado la idea de que las licencias médicas constituyen un instrumento de protección social y que su uso responsable es fundamental. En paralelo, se han impulsado medidas legislativas y administrativas para fortalecer la fiscalización.
LEY
Un ejemplo de ello es la ley promulgada el 24 de mayo, que endurece las sanciones por la emisión irregular de licencias médicas. Esta normativa fija multas entre 140 y 600 UTM y, en caso de reincidencias reiteradas, contempla la suspensión definitiva de la facultad de emitir licencias.
Asimismo, el Ejecutivo presentó un proyecto que busca desincentivar el uso prolongado de licencias. Una de las medidas más debatidas establece que los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su remuneración durante el período de licencia, homologando así la situación con la del sector privado.
