La Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles que detectó diversas irregularidades en el proceso del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 2024 (Simce), debido a incumplimientos por parte de los proveedores en distintas etapas del servicio.
Esto derivó en que la Agencia de Calidad de la Educación (ACE), dependiente del Ministerio de Educación, no efectuara el cobro de multas por un monto total de $400 millones.
Según el Informe Final N°329, elaborado este año tras auditar el proceso correspondiente a 2023, se identificaron fallas relacionadas con el manejo de los recursos y la falta de gestión de la ACE respecto al cobro de sanciones.
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La publicación del documento coincide con los problemas registrados en la jornada actual, donde más de 200 establecimientos educacionales no pudieron rendir la prueba 2025 porque los examinadores no se presentaron en los colegios, lo que generó un nuevo cuestionamiento hacia las autoridades.
Entre los proveedores mencionados en la auditoría de 2024 figuran la Pontificia Universidad Católica, Ubix Tecnología, Empresas Jordan e Imprenta Alfredo Molina Flores (AMF).
INFORME
El informe detalla que 142 examinadores aplicaron la evaluación sin cumplir los requisitos exigidos, lo que representa una de las principales deficiencias detectadas.
En cuanto a la impresión de las pruebas, se identificó que la imprenta AMF realizó dos subcontrataciones sin informar a la ACE, incumpliendo las bases administrativas. Por este motivo, no se aplicaron multas por $9.001.356.
También se omitió el cobro de sanciones por $17.768.541, debido a la ausencia de examinadores especializados en 45 cursos con estudiantes que presentaban discapacidad sensorial.
De manera similar, la ACE no exigió el pago de $43.829.072 al proveedor responsable, pese a que 111 examinadores actuaron como asistentes para estudiantes con discapacidad sensorial sin la acreditación requerida.
A esto se suma que 699 cursos que requerían acompañantes para alumnos con necesidades especiales no contaron con ellos, generando una pérdida de $276.004.694 en multas no aplicadas.
La CGR también advirtió retrasos en la entrega del material impreso, además de diferencias en el cálculo de las sanciones por demora entre la Agencia y la Contraloría, alcanzando una discrepancia de $16.389.608.
“Por este hecho, la Contraloría ordenó a la ACE acreditar documentadamente el respectivo cobro de la multa, que asciende a $56.036.983, en un plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción del informe. De lo contrario, se procederá a efectuar el reparo correspondiente por dicho monto”, señala la Contraloría.
INCONSISTENCIAS EN LA ASISTENCIA
La revisión del proceso anterior permitió constatar que 34.415 estudiantes aparecen como presentes en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE) al menos un día durante la aplicación del Simce, entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre.
“No obstante, los mismos estudiantes figuran como ausentes en los registros proporcionados por la Agencia y, por lo mismo, no cuentan con resultados en las evaluaciones”, afirma la CGR.
Ante esta situación, la Contraloría solicitó a la ACE implementar medidas de control, coordinación y validación de la asistencia de los alumnos, otorgándole un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe.
Finalmente, el organismo ordenó a la ACE iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, el cual deberá ser informado a la Contraloría en un plazo máximo de 15 días hábiles.
