Según datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), incrementaron un 44,6% en 2022, en comparación a 2021.
Algunos de los DMCS que más incrementaron son el robo con violencia o intimidación (63,1%), robo por sorpresa (61.2%) y robo en un lugar no habitado (56,4%). Los casos de Violencia Intra Familiar aumentaron tan sólo en 0,2%.
Durante el 2022, la Cámara de Comercio de Santiago, realizó una encuesta a alrededor 1.200 personas en las que más del 70% percibió al país como inseguro.
La cifra que da cuenta de la inquietud que sienten las personas frente al aumento de la delincuencia. Al dato anterior, se suman los resultados que Ipsos publicó en marzo de este año, en donde el 85% de los encuestados cree que la inseguridad en Chile aumentó.
Es en ese contexto que los senadores Carmen Gloria Aravena (Republicanos), Francisco Chahuán (RN), Iván Flores (DC), Manuel José Ossandón (RN) y Jaime Quintana (PPD), presentaron un proyecto de ley que pretende crear un estatuto de defensa de las víctimas de delitos, con el objetivo de ofrecer un apoyo efectivo a quienes son afectados por episodios delictuales una vez que ingresan al sistema judicial para perseguir a los autores y buscar reparación.
Lo anterior se enlaza a que, según cifras entregadas por el Boletín Anual de la Fiscalía, desde el año pasado, de los 1.764.425 términos de causas, sólo 166.151 terminaron en sentencias condenatorias.
