No se necesita el portaviones más poderoso de Estados Unidos ni su flota de combate para eliminar unas pocas lanchas rápidas en el Caribe. Sin embargo, la salida del USS Gerald R. Ford desde Europa hacia esa región ha encendido las alarmas sobre una posible escalada militar. El movimiento coincide con la intención del gobierno de Donald Trump de intensificar lo que califica como una ofensiva contra el narcotráfico.
El primer blanco de esta política de “diplomacia de cañoneras” del siglo XXI sería el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de dictador y de manipular elecciones. El despliegue del Ford podría servir como advertencia para presionar su salida, incentivar un golpe militar o incluso operar como base para ataques directos bajo el argumento de combatir a los cárteles.
Lea también: Robo en el Louvre: detienen a dos sospechosos gracias al ADN
“No se mueve un grupo de batalla desde donde estaba hasta el Caribe a menos que se planee intimidar al país… o comenzar a realizar operaciones de combate en Venezuela”, declaró el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, en el programa This Week de ABC.
EVIDENCIAS
Pese a la falta de evidencias de que Venezuela sea un gran productor o ruta relevante del narcotráfico, los asesores de Trump sostienen que el país es clave en el tránsito de drogas como el fentanilo. Según ellos, Maduro lidera una red criminal, y el Ejecutivo ha autorizado el uso de fuerza militar contra estos grupos, declarando a los pandilleros “combatientes ilegales” para justificar acciones extrajudiciales.
Fuentes de CNN señalaron que Trump evalúa atacar supuestas instalaciones de cocaína dentro de Venezuela, aunque no ha descartado la vía diplomática. “Los vamos a matar, ya saben, van a estar muertos”, dijo el mandatario la semana pasada al referirse a presuntos barcos de los cárteles.
El senador republicano Lindsey Graham también advirtió sobre la posibilidad de incursiones terrestres. En Face the Nation de CBS, aseguró que Trump planea informar al Congreso sobre “posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia” a su regreso. “Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante acusado, y que es hora de que se vaya”, afirmó.
ATAQUE
Sin embargo, un ataque estadounidense en tierra pondría a prueba los límites legales. La Constitución establece que solo el Congreso puede declarar la guerra, por lo que una decisión unilateral de Trump erosionaría aún más los controles sobre el uso de la fuerza, debilitados desde los atentados del 11 de septiembre. Pese a ello, Graham insistió en que el presidente “no necesita la aprobación del Congreso. Las reglas del juego han cambiado en lo que respecta a las organizaciones narcotraficantes. Los vamos a eliminar”.
Otros legisladores discrepan. “Cuando matas a alguien, debes saberlo… si no estás en una guerra declarada, realmente necesitas saber el nombre de alguien; al menos tienes que acusarlo de algo. Tienes que presentar pruebas”, dijo el senador Rand Paul, de Kentucky, en Meet the Press.
El profesor Ryan Goodman, de la Universidad de Nueva York, advirtió en CNN que cualquier acción armada contra Venezuela “tendría que ser en respuesta a un ataque armado contra Estados Unidos, tendría que ser necesaria, proporcional y tendría que ser autorizada por el Congreso. Ninguna de esas casillas está marcada”.
Más allá del debate legal, un conflicto militar tendría consecuencias políticas. La base republicana que apoya la doctrina de “Estados Unidos Primero” podría ver esta ofensiva como una contradicción con la promesa de no iniciar nuevas guerras. Pero con la Corte Suprema otorgándole inmunidad ante acciones oficiales y una mayoría republicana en el Congreso, Trump parece decidido a seguir su propio rumbo.
INTERVENCIÓN
En el terreno geopolítico, una intervención en el hemisferio occidental podría provocar una fuerte reacción regional. Trump también ha apuntado contra Gustavo Petro en Colombia, ha intentado influir en las elecciones argentinas y presiona a Brasil. Tal estrategia reaviva la sombra del intervencionismo estadounidense y amenaza con debilitar su autoridad moral frente a conflictos como la invasión rusa a Ucrania o la tensión con China por Taiwán.
Para algunos sectores en EE. UU., una guerra contra Maduro podría justificar un endurecimiento migratorio. Derrocar al mandatario venezolano podría frenar el flujo migratorio hacia el norte y reforzar el control fronterizo, uno de los ejes de la política interna de Trump.
El expresidente también busca proyectar fuerza global. Sus amenazas a líderes latinoamericanos reflejan una visión que prioriza el poder personal y la expansión de la influencia estadounidense, evocando la Doctrina Monroe. En su versión moderna, inspirada en el lema Make America Great Again, esa doctrina busca frenar la presencia de China y Rusia en América Latina. “Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica”, escribió el secretario de Estado Marco Rubio en X.
Rubio y Stephen Miller, otro influyente asesor, han impulsado una política exterior que combina el discurso migratorio con la presión militar. En ese contexto, Trump ha respaldado a líderes afines como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, mientras mantiene una postura hostil hacia Petro.
VENEZUELA
Un cambio de régimen en Venezuela abriría oportunidades económicas y energéticas. El apoyo de Washington a María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sugiere que EE. UU. la considera una posible sucesora. “Fue Maduro quien nos declaró la guerra a los venezolanos después de que ganáramos por una abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales del año pasado”, dijo Machado a Sunday Morning Futures de Fox News. “Maduro es quien inició la guerra. El presidente Trump está deteniendo la guerra”.
No obstante, resulta difícil sostener que el objetivo de Trump sea promover la democracia, considerando sus propios intentos de revertir las elecciones de 2020 y su historial de decisiones unilaterales. Más que una cruzada por la libertad, su estrategia en América Latina parece guiada por el interés político, económico y simbólico de reafirmar el poder estadounidense en la región.







