Desde antes del amanecer, 2.500 policías —apoyados por helicópteros, vehículos blindados, drones de reconocimiento y equipos de demolición— ingresaron simultáneamente a los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte de la ciudad, en una operación destinada a capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado como jefe regional del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
La cifra de víctimas estremeció al país: 64 muertos, incluidos cuatro agentes policiales, y 81 detenidos. Las fuerzas incautaron 42 fusiles de alto calibre.
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UN OPERATIVO SIN PRECEDENTES
La incursión comenzó con bloqueos en autopistas y avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron la zona desde la noche anterior y los blindados abrieron paso entre barricadas en llamas. Los drones detectaron desplazamientos de los grupos criminales y guiaron el avance de los agentes por los pasajes estrechos de las favelas.
El objetivo principal era Doca, nacido en Paraíba en 1970, con más de un centenar de causas judiciales por homicidio, narcotráfico, tortura y asociación criminal. Según la Fiscalía, coordina negocios del narcotráfico en diversas comunidades y ha liderado ataques contra delegaciones policiales. Existe una recompensa de 100.000 reales (US$ 17.500) por información que permita su captura.
“UNA GUERRA” EN LA CIUDAD
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la operación y la comparó con un escenario bélico. Reiteró que el Estado actúa en solitario contra un “enemigo con armamento de guerra” y reveló que las Fuerzas Armadas rechazaron en tres ocasiones su solicitud de apoyo logístico con blindados. Analistas destacan que tres de las cuatro operaciones más letales de la historia de Río han tenido lugar durante su mandato.
Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, señaló que Doca ha protagonizado la expansión territorial del Comando Vermelho hacia otras favelas y estados. Lo definió como “uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro” y sostuvo que la capacidad paramilitar del grupo —uso de drones, control de servicios básicos y gobernanza territorial— alimenta el argumento de que ya no se trata de simple crimen organizado, sino de una amenaza insurgente.
FAVELAS PARALIZADAS POR EL MIEDO
Los habitantes de Alemão y Penha vivieron horas de terror:
- ráfagas de disparos,
- explosiones de granadas lanzadas desde drones,
- interrupción del transporte público,
- 45 escuelas cerradas,
- 12 líneas de buses desviadas,
- comercios paralizados.
Se estima que más de 200.000 personas resultaron afectadas.
DERECHOS HUMANOS Y LETALIDAD POLICIAL
Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado la violencia de este tipo de operativos. En septiembre de 2025, HRW alertó que un proyecto de ley en Río podría incentivar financieramente a policías por disparar contra sospechosos. Investigaciones previas ya habían documentado ejecuciones extrajudiciales y manipulación de escenas del crimen.
No es la primera operación con alto número de muertes: en 2022, una redada en Vila Cruzeiro dejó 23 fallecidos.
UN CICLO QUE NO SE ROMPE
El futuro de la operación dependerá de si el Estado logra algo más que detener capos o incautar armas:
- reducir la violencia residual,
- investigar las muertes,
- reconstruir el tejido social.
Sin esas medidas, el control territorial del Estado suele durar solo hasta que el próximo operativo vuelve a comenzar.
En 2024, casi 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río —casi dos por día—. La cifra aumentó este martes, sumando 64 muertes más. El operativo sigue en desarrollo y el saldo final aún es incierto.
Operativo policial sin precedentes con 2.500 agentes, helicópteros y vehículos blindados contra el Comando Vermelho dejó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos en #RíodeJaneiro. Según Gobernador bolsonarista Cláudio Castro, es “la mayor acción en la historia de Río” #Brasil pic.twitter.com/8EOCkN0HOv
— Rolando Segura (@rolandoteleSUR) October 28, 2025
