En medio de la audiencia de control de detención y solicitud de medidas cautelares por el denominado Caso Muñeca Bielorrusa, las defensas de los imputados —Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos— exigieron este viernes que la Fiscalía Regional de Los Lagos no utilice la intervención de Codelco como argumento para pedir prisión preventiva.
Durante la audiencia, el Ministerio Público anunció que solicitaría la medida cautelar más gravosa —prisión preventiva— para los tres imputados, argumentando que se configuran los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, y que existen riesgos de fuga, de continuidad delictual y de obstaculización de la investigación.
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DEFENSAS OBJETAN PARTICIPACIÓN DE CODELCO
El fiscal provocó el momento más tenso de la jornada al anunciar que Codelco —presente en la sala como supuesto “ofendido”— expondría parte de la argumentación para pedir la prisión preventiva.
Las defensas se opusieron de inmediato.
“Codelco no puede actuar como interviniente encubierto. No es víctima de estos delitos”, argumentó uno de los abogados, afirmando que los hechos imputados no afectan bienes jurídicos patrimoniales sino la probidad pública y la correcta administración de justicia.
Los defensores solicitaron formalmente la exclusión de Codelco del debate, señalando que la empresa estatal no ha presentado querella y que su presencia no puede reemplazar el deber de fundamentación del Ministerio Público. “El fiscal no puede derivar parte de su alegación a Codelco. Si quieren litigar, que presenten querella”.
Además, las defensas subrayaron que el eventual perjuicio económico alegado por Codelco, cercano a $17.000 millones, fue consecuencia de resoluciones judiciales válidas, dictadas por tribunales colegiados.
“Codelco perdió un juicio ante 17 ministros que no compartieron sus argumentos. No puede hoy sentarse como víctima porque no le gustó el resultado”.
DECISIÓN DEL TRIBUNAL
Tras escuchar a las partes, la magistrada determinó que Codelco podrá intervenir solo como víctima para exponer antecedentes procesales, pero no reemplazar al Ministerio Público ni fundamentar la prisión preventiva.
“No corresponde que se entregue a una víctima un tramo de la alegación del fiscal. Pero será oída en lo que la ley le permite”.
