Codelco ingresó una querella criminal contra siete personas, luego de que el Ministerio Público expusiera en audiencia antecedentes calificados como “contundentes” sobre intervenciones indebidas, presiones internas y beneficios económicos ilegítimos que habrían favorecido al Consorcio Belaz Movitec (CBM) en la tramitación de millonarios recursos judiciales.
La acción penal se dirige contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez y su pareja Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, imputados como autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; contra los abogados Carlos Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña, por soborno y lavado de activos; y contra los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber Lozano (Puente Alto) y Yamil Anton Najle Alee (Chillán), además del empresario Harold Pizarro Iturrieta, como autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
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UN PATRÓN SOSTENIDO DE IRREGULARIDADES
En el escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Codelco sostiene que los hechos descritos por la Fiscalía en la formalización de Vargas, Lagos y Migueles confirman las sospechas que mantenía desde 2023 sobre una tramitación irregular de su demanda contra CBM, que terminó con sentencias que obligaron a la estatal a desembolsar más de $17 mil millones.
La querella detalla un “patrón de comportamiento” donde la exministra Vivanco habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer al consorcio. Según el documento, la exministra habría gestionado que una sala conociera de una orden de no innovar y del fondo del recurso sin la resolución previa del presidente de la Corte Suprema, e incluso habría ordenado la dictación de resoluciones destinadas a validar actuaciones irregulares.
Codelco sostiene que estas conductas constituyen graves infracciones a los deberes del cargo, realizadas a cambio de beneficios entregados a la exministra y/o a su pareja, según la evidencia expuesta por el Ministerio Público.
DEPÓSITOS SOSPECHOSOS Y UNA RUTA DE FONDOS ILÍCITOS
El escrito recoge hechos considerados decisivos por la Fiscalía, como los depósitos en efectivo recibidos por la pareja de la exministra inmediatamente después de los pagos que Codelco debió realizar a CBM. La querella traza además los pagos efectuados por Movitec al estudio de Lagos y Vargas en coincidencia con las resoluciones adversas a la estatal, y detalla cómo parte de esos fondos llegó a la cuenta de Migueles mediante una serie de operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, destinadas —según Codelco— a ocultar el origen ilícito del dinero.
LA ESTATAL REAFIRMA SU ROL COMO VÍCTIMA Y COLABORADORA
Codelco recordó que el fiscal nacional la reconoció como víctima desde el inicio de la investigación abierta de oficio en septiembre de 2024 y resaltó que ha colaborado activamente en todo el proceso. Según la presentación, la empresa aportó antecedentes clave, solicitó diligencias que orientaron las principales líneas de investigación y ha comparecido en todas las instancias para contribuir a la claridad total de los hechos.
Con la querella, la corporación busca seguir participando con todas las facultades que la ley otorga a los querellantes y que se determinen las responsabilidades penales por cohecho agravado, soborno y lavado de activos, además de otros eventuales delitos que puedan surgir durante el proceso.
La estatal enfatizó que actuará con “el máximo rigor para la defensa de la fe pública y la protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos”.
La acción fue declarada admisible este 18 de noviembre de 2025 por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
