Este miércoles, las empresas de internet en Chile fueron notificadas de la sentencia de la Corte Suprema de fines de septiembre que ordena que en un plazo de cinco días deberán bloquear los accesos a sitios de casas de apuestas online.
Cabe recordar que, fue el pasado 29 de septiembre que la Corte Suprema instruyó bloquear de forma inmediata y efectiva el acceso a plataformas de apuestas online que operan ilegalmente en Chile. Esto, recordando que solo las entidades autorizadas por ley pueden desarrollar este tipo de actividades en Chile.
En concreto, el máximo tribunal estableció que «en cuanto a los juegos online, expresa que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak tienen autorización para ciertos juegos realizados bajo dicha modalidad. Por lo tanto, nadie más puede desarrollar juegos de azar en línea y, no existiendo en Chile plataformas de juego online autorizadas más allá de las expresamente habilitadas por ley».
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EMPRESAS DEBEN BLOQUEAR SITIOS DE APUESTAS
Esta jornada, la Corte Suprema dictó el «cúmplase» de la medida a las empresas Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR, quienes deberán cumplirla en un plazo de cinco días.
Con ello, se deberán implementar bloqueos efectivos a plataformas de casas de apuestas y juegos de azar en línea. Esto, además de reportar al máximo tribunal los métodos aplicados para hacer efectiva la medida. Asimismo, se estableció que se someterán a fiscalización judicial, pudiendo la Corte dictar medidas adicionales o sanciones en caso de incumplimiento.
Desde la Polla Chilena de Beneficencia valoraron la medida. Además, señalaron que «las recurrentes hemos comunicado a la sociedad chilena, desde 2021, el incumplimiento de la ley vigente y el daño que ha provocado en nuestro país».
En esa línea, nombraron efectos como «el aumento descontrolado del juego problemático, un tremendo caudal de transferencias bancarias ilícitas en el sistema financiero chileno, y la inquietante permeación de diversas actividades, entre otras, el deporte profesional chileno».
«Este circuito opaco mueve cientos de millones de dólares sin control efectivo, exponiendo a la ciudadanía, debilitando la institucionalidad y fomentando riesgos tales como endeudamiento, estafas y adicciones sin tratamiento. Esperamos que las instituciones funcionen», cerraron.
