Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la Acusación Constitucional (AC) en contra del exministro de Energía Diego Pardow.
Con esto, el libelo continuará su tramitación en el Senado.
Fue presentado por todas las bancadas de oposición (UDI, RN, libertarios, Evópoli, republicanos, socialcristiano, demócratas, amarillos y el PDG) a raíz de su responsabilidad política en el error metodológico que aplicó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.
Luego se agregó que en octubre de 2024 Transelec alertó un error en la valorización de sus activos, que también incidió en un alza de las tarifas.
Ayer martes la comisión revisora había dado curso a la AC por tres votos a favor y uno en contra.
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En la sesión de hoy estuvieron presentes los ministros Nicolás Grau (Hacienda), Adriana Delpiano (Defensa), Macarena Lobos (secretaría general de la Presidencia), Camila Vallejo (secretaría general de Gobierno) y Álvaro Elizalde (Interior).
En la antesala de la votación en la Cámara de la AC, Pardow negó tajantemente cualquier conflicto de interés, por una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec, en una causa ante el Tribunal por la Libre Competencia.
DEFENSA DE PARDOW
Durante la defensa de Pardow su abogado,Francisco Cox, cuestionó situaciones que calificó de «inéditas» en la tramitación de la acusación, como que el exministro tuviera que concurrir a la comisión revisora o que se pusiera sobre la mesa el antecedente de que la cónyuge de su defendido forma parte del equipo legal de un estudio jurídico que ha asesorado a Transelec en un juicio ante el Tribunal de Libre Competencia.
Tras la aprobación de la AC contra Pardow en la Cámara se constituyó la comisión de tres diputados para que el libelo continúe en el Senado.
El presidente de la Corporación, José Miguel Castro, propuso los nombres del diputado Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN), lo que se aprobó con 89 votos, 49 en contra y tres abstenciones.
Si la acusación prospera en el Senado el exsecretario de Estado quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años. Eso significa, entre otras cosas, que no podrá dictar clases en la Universidad de Chile, donde es académico.
